El Parlamento del país vecino avanzó con una reforma legal clave destinada a ampliar las facultades gubernamentales para disolver los cercos viales que paralizan la economía.
Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó el martes una ley que anuló las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y bloqueos de rutas por parte de sectores que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La nueva norma, que anula la ley 1.341 conocida como Ley Copa y que regía desde octubre de 2020, ahora pasó al Ejecutivo para que la firme el mandatario. Se trata de la vía para que Paz pueda declarar un estado de excepción.
Ejes de la normativa y regiones más afectadas
La flexibilización de los parámetros de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado busca regularizar los canales logísticos esenciales:
De esta manera, según los legisladores, se permitirá una intervención más amplia de las Fuerzas Armadas en el control de los conflictos sociales que impiden el abastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos principalmente en La Paz, El Alto y Oruro.
Escenario de parálisis logística y actores movilizados
El cuadro de situación refleja una parálisis casi total en el transporte y abastecimiento de los principales centros urbanos del país:
Un mes de conflictividad extrema: Bolivia ingresó en su cuarta semana consecutiva de conflictividad social, con movilizaciones lideradas por organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana (COB), además de sectores campesinos, indígenas, mineros, fabriles y juntas vecinales. El martes, los bloqueos de carreteras alcanzaron los 150 puntos todo el país.