El arco opositor en el Congreso de la Nación intensificó su estrategia para frenar la privatización de la principal ruta fluvial del país, apoyándose en las recientes objeciones de los organismos de control técnico.
«El diputado Jorge Taiana advirtió sobre un “posible direccionamiento” de la licitación», sumando así un nuevo capítulo de tensión legislativa en torno a la administración del corredor de comercio exterior.
Cuestionamientos de la Fiscalía Anticorrupción
El legislador nacional Jorge Taiana encabezó la iniciativa parlamentaria que busca desestimar el pliego de la Vía Navegable Troncal, insistiendo en la necesidad de congelar las gestiones vigentes tras conocerse las conclusiones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El dictamen del organismo de control encendió las alarmas al detectar “serias y evidentes irregularidades” en los mecanismos de adjudicación que viene desarrollando el Gobierno nacional.
En la justificación del texto presentado, el diputado peronista sumó las observaciones de la Fiscalía Anticorrupción para consolidar su rechazo al proceso, señalando presuntas violaciones de los marcos regulatorios vigentes y trabas que perjudican la libre oferta:
«El organismo sostuvo que durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva”, detalla el escrito ingresado en la Cámara Baja.
Pliegos bajo la lupa y reclamo de transparencia
Las objeciones técnicas de la presentación también hacen foco en el diseño legal de los pliegos y las condiciones de elegibilidad para los consorcios internacionales interesados en la concesión. De acuerdo con el cuerpo de la propuesta legislativa, «la Fiscalía cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia en la licitación».
A esto se acoplan reclamos históricos por las condiciones de competencia y sospechas de trajes a medida para ciertos oferentes, además de la falta de análisis ambientales certificados con la participación obligatoria de los entes estatales especializados en ecología y sustentabilidad.
El impulsor del proyecto cerró la fundamentación exigiendo una revisión profunda e inmediata de todo lo actuado: “Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”.