El sobreendeudamiento de las familias en la Argentina ha alcanzado niveles críticos, dejando de ser un recurso para la compra de bienes duraderos o inversiones para convertirse en una desesperada estrategia de supervivencia.
La sistemática erosión del poder adquisitivo empuja a millones de personas a recurrir al crédito cotidiano únicamente para cubrir necesidades básicas como la compra de alimentos, el pago de tarifas de servicios públicos, alquileres, medicamentos e incluso para abonar compromisos financieros anteriores.
Seis de cada diez personas en el país solicitan asistencia financiera para solventar gastos elementales. Esta práctica da lugar al fenómeno conocido como «recrédito», donde se toman préstamos nuevos para pagar deudas viejas, generando una espiral ensordecedora y sin salida aparente que impacta de lleno en la salud mental y eleva el riesgo de violencia intrafamiliar.
Radiografía de la morosidad: un problema que desborda lo económico
La crisis crediticia no solo afecta el bolsillo, sino que actúa como un peligroso catalizador de tensión social. De acuerdo con datos del Mapa de la Deuda —elaborado de forma conjunta por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung—, la deuda en mora de las familias argentinas alcanzó un alarmante 17,5% durante el mes de junio. Además, el monto promedio adeudado por persona registró un incremento del 60% en términos reales, mientras que el 35% de esa morosidad arrastra un retraso superior a los 365 días.
El segmento más golpeado por este fenómeno es la juventud: casi 4 de cada 10 menores de 25 años presentan severos atrasos en el cumplimiento de sus pagos. Al quedar completamente marginados del sistema bancario y crediticio formal, numerosos hogares terminen derivados hacia financieras con tasas usurarias, prestamistas informales de barrio o redes vinculadas al narcotráfico, quedando expuestos a situaciones de extrema vulnerabilidad personal y financiera.
Modelos de respuesta estatal y propuestas para frenar la usura
Ante una problemática que ya abarca a amplias mayorías, resulta indispensable la implementación de políticas públicas y la observación de experiencias internacionales. Un antecedente relevante lo representa la segunda etapa del programa «Desenrola Brasil», impulsado por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el cual fijó topes concretos a los intereses de las tarjetas de crédito y permitió a personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos renegociar sus compromisos en plazos de hasta 60 meses con tasas sustancialmente reducidas.
Para evitar que el crédito desregulado continúe profundizando la desigualdad en el país, la Argentina debe estructurar urgentemente un plan integral de inclusión financiera asentado en tres ejes estratégicos fundamentales:
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Regulación y protección al consumidor: Establecimiento de limites estrictos y topes a la usura.
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Oferta masiva de microcrédito social: Préstamos a tasas subsidiadas con garantía estatal para sustituir pasivos asfixiantes.
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Inclusión financiera con acompañamiento: Programas integrales de educación financiera y asistencia legal para las familias acorraladas por las deudas.