En una presentación judicial que ha generado un fuerte impacto en el escenario político nacional, la diputada Marcela Pagano solicitó formalmente este lunes la detención inmediata del Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni
La medida, presentada ante la Justicia Federal, acusa al funcionario de llevar adelante acciones directas para obstaculizar una investigación judicial en curso, lo que representaría un riesgo inminente para el avance de la causa.
Las claves de la acusación contra el Jefe de Gabinete
Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia se centra en hechos ocurridos el pasado 4 de mayo de 2026. Pagano sostiene que Adorni habría contactado a un testigo clave, identificado como Matías Tabar, momentos antes de que este prestara declaración testimonial bajo juramento.
En dicho contacto, el funcionario le habría ofrecido «ayuda» y puesto a disposición a su «equipo». Asimismo, la acusación detalla maniobras para procurar el borrado de mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista, lo que para la legisladora constituye un «riesgo procesal de entorpecimiento grave, actual e inminente».
El uso de la «doctrina Irurzun» como sustento legal
Para justificar el pedido de prisión preventiva, la diputada solicitó la aplicación por analogía de la denominada “doctrina Irurzun”. Esta jurisprudencia permite a los jueces considerar que el poder residual o actual de un funcionario en ejercicio es suficiente para interferir en el proceso judicial y presionar a testigos o peritos.
El escrito cita el precedente del año 2017 utilizado contra el exministro Julio De Vido, argumentando que la estructura jerárquica que maneja Adorni dentro del Poder Ejecutivo podría ser utilizada para bloquear el accionar de la justicia. El pedido se encuadra legalmente en los artículos correspondientes del Código Procesal Penal de la Nación.
Un escenario judicial de alta incertidumbre
La solicitud de detención ahora queda en manos del juez federal interviniente, quien deberá evaluar si las pruebas presentadas por Pagano son suficientes para privar de la libertad a una de las figuras más cercanas al Presidente. El arco político aguarda con expectativa una resolución que podría marcar un antes y un después en la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo.
Mientras tanto, desde el entorno del Jefe de Gabinete aún no se ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que la defensa técnica presente sus argumentos en las próximas horas para desestimar lo que consideran una medida desproporcionada.