Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras la presentación judicial que solicita la detención del jefe de Gabinete Manuel Adorni.
La denuncia lo acusa de presuntamente haber intentado influir en un testigo clave en una causa por enriquecimiento ilícito, lo que abre un frente judicial de alto impacto político.
Piden la detención de Manuel Adorni por presunta presión a testigo
La diputada Marcela Pagano solicitó ante la Justicia la detención de Manuel Adorni, a quien acusa de haber “apretado a un testigo” en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la refacción de una propiedad en el country Indio Cuá.
Según la presentación, el pedido se basa en el riesgo de entorpecimiento de la causa, ya que el funcionario habría mantenido contacto con un testigo clave antes de su declaración judicial.
La legisladora afirmó que existen elementos que indicarían un intento de interferencia en la investigación, lo que justificaría la medida extrema.
Acusan intento de interferencia en la causa judicial
De acuerdo con la denuncia, Adorni habría contactado al arquitecto Matías Tabar, quien declaró en el expediente, ofreciéndole supuesta “ayuda” y facilitando contactos de su entorno. También se mencionó la presunta eliminación de mensajes de WhatsApp.
La presentación judicial sostiene que estos hechos podrían encuadrarse como una maniobra para entorpecer la investigación, agravada por el hecho de que el funcionario ocupa un cargo de máxima responsabilidad en el Ejecutivo.
Según explicó Pagano en diálogo con Ámbito Financiero, el pedido se fundamenta en la doctrina “Irurzun”, que habilita la prisión preventiva en casos donde se presume capacidad de influir sobre la causa.
Debate judicial y fuerte impacto político
La diputada argumentó que el rol de Adorni dentro del Gobierno incrementa su capacidad de incidencia sobre testigos y organismos intervinientes. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de nuevas interferencias en el expediente.
El escrito presentado ante el juez Ariel Lijo también incluyó pedidos alternativos a la detención, como la prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte y caución económica.
En paralelo, se solicitó la ampliación de la imputación y el peritaje del celular del testigo para recuperar mensajes eliminados que podrían ser clave en la investigación.
Un caso que suma tensión al escenario político
El avance de este pedido judicial profundiza la tensión política en el oficialismo, en medio de una causa que ya había generado controversia por presuntas irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario.
Mientras la Justicia analiza la presentación, el caso suma un nuevo capítulo a una investigación que promete escalar en el plano político y mediático.
La definición del juez será clave para determinar si el pedido de detención avanza o si se adoptan medidas alternativas. En cualquiera de los escenarios, el impacto político del caso ya es significativo y promete nuevas repercusiones.