Las principales cámaras empresarias del sector pesquero en la provincia de Chubut formalizaron un pedido de auxilio ante el Gobierno provincial para frenar la pérdida de competitividad de la actividad
La Cámara Argentina de Industrias Pesqueras de la Patagonia (CAPIP) y la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) elevaron una solicitud a la Secretaría de Pesca, comandada por Diego Brandan, con el objetivo de constituir de forma urgente una Mesa Multisectorial.
La iniciativa apunta a consensuar herramientas de alivio frente a un escenario complejo signado por el incremento de los costos operativos, la caída de la rentabilidad internacional y el riesgo latente sobre los puestos de trabajo. En este contexto, las patronales insistieron en la necesidad de dictar la Emergencia Pesquera Provincial y reflotar esquemas de asistencia financiera aplicados en crisis anteriores.
La propuesta de reactivar el Programa de Recupero de 2013
La estrategia central planteada por los empresarios radica en analizar la implementación de mecanismos de asistencia similares al Programa de Recupero del Sector Pesquero. Se trata de una herramienta de política pública diseñada originalmente en 2013 mediante la Ley IX N.º 108 y su respectivo Decreto Reglamentario 270/13, cuyo fin primordial era sostener los motores productivos locales durante un ciclo recesivo extremo.
En aquel período, el Estado chubutense definió a la pesca como un eslabón estratégico de la economía regional. El espíritu de la norma buscaba:
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Sostenibilidad empresarial: evitar la quiebra o el cierre definitivo de las firmas pesqueras radicadas en la provincia.
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Protección del empleo: preservar los puestos de trabajo de marineros, estibadores y operarios de plantas procesadoras.
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Continuidad operativa: garantizar que los barcos siguieran saliendo a pescar y las fábricas continuaran procesando materia prima.
Exenciones impositivas y fuertes descuentos en tasas portuarias
El antecedente que las cámaras piden poner bajo revisión contenía un agresivo esquema de reducciones tributarias y operativas. Entre los beneficios económicos más destacados que contemplaba el programa de 2013 se encontraban la exención total del gravamen conocido como el «8 por mil» y la eliminación del impuesto provincial a los combustibles del 2%, una tasa sumamente sensible debido al alto consumo de gasoil de las embarcaciones.
Asimismo, las firmas quedaban eximidas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del canon de extracción pesquera, aliviando de forma directa la presión fiscal de las arcas provinciales.
A las ventajas impositivas se le sumaban importantes bonificaciones en el área de servicios portuarios administrados por Chubut. El régimen otorgaba una quita del 100% en conceptos clave como las cargas con destino a la exportación, el pesaje en balanzas, las cámaras de transferencia y ciertos servicios de estadía en muelle. A su vez, los puertos provinciales aplicaban descuentos del 50% en las tarifas de almacenaje y en los consumos energéticos y de agua potable, insumos con fuerte incidencia en las estructuras de costos industriales.
Las contraprestaciones laborales como requisito excluyente
Desde el sector pesquero recordaron que la adhesión a este régimen de beneficios no se otorgaba de manera automática. Las empresas interesadas debían acreditar mediante auditorías sus dificultades financieras y suscribir a un estricto pliego de compromisos con la provincia.
El mantenimiento de la paz social y la estabilidad económica eran las condiciones de la normativa: se exigía obligatoriamente la preservación total de las plantillas de personal, el pago en término de las obligaciones salariales y los aportes previsionales, junto con la continuidad de los niveles de producción. Los mecanismos de control estatal estipulaban la caducidad inmediata de los beneficios fiscales para aquellas firmas que concretaran despidos sin causa justa o redujeran sus operaciones de manera injustificada.