El debate por la soberanía del suelo argentino arde en el Congreso Nacional y promete marcar un antes y un después en la historia económica del país.
El megaproyecto impulsado por el presidente Javier Milei busca patear el tablero regional al eliminar por completo las trabas para que magnates y corporaciones extranjeras compren campos en Argentina. Esta polémica desregulación no solo destruye el marco legal vigente, sino que coloca al país a contramano de lo que hacen los vecinos de Sudamérica, quienes blindan celosamente sus recursos naturales con estrictos controles.
El fin de los límites históricos y el fuerte contraste con la región
El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales, que el Senado debatirá este jueves, propone un cambio radical. La iniciativa del Poder Ejecutivo elimina los topes que hoy impiden que los capitales privados foráneos adquieran miles de hectáreas sin control. Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales de la Nación, provincias o municipios, con un límite estricto de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, además de prohibir compras en zonas de frontera, glaciares o sobre fuentes de agua. Hoy, solo el 6% del suelo nacional está en manos extranjeras.
Mientras Milei busca abrir de par en par las fronteras al capital privado, los países limítrofes sostienen fuertes restricciones:
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Brasil: Posee una de las normas más severas. Limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y prohíbe que una misma nacionalidad concentre más del 10% del suelo en ese distrito, todo bajo el riguroso control del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
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Uruguay: Aunque permite inversiones, exige una transparencia absoluta identificando a cada accionista de las sociedades compradoras y ya analiza proyectos legislativos para prohibir directamente la venta de tierras fronterizas a extranjeros.
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Paraguay: Si bien la extranjerización alcanza entre el 14% y el 19% del territorio —llegando al 60% en fronteras por compras de brasileños—, este fenómeno responde a un proceso histórico y no a una desregulación libre de controles como la propuesta argentina.
La polémica defensa oficial: ¿Lluvia de inversiones o entrega de soberanía?
Desde la Casa Rosada defienden a capa y espada la modificación legal. El vocero presidencial, Adrián Ravier, argumentó que las limitaciones vigentes actúan como un freno de mano para inversiones multimillonarias, especialmente en los sectores forestales, de riego y cultivos permanentes en zonas clave como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
La estrategia del Gobierno nacional consiste en dividir a los compradores en dos categorías: liberar por completo las restricciones para los inversores privados individuales o corporativos, mientras se endurecen los controles y se exige autorización previa y específica cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo el control de gobiernos de otros países. De aprobarse, Argentina pasará de tener un sistema protector a convertirse en el territorio con menos restricciones para la compra de campos de toda Sudamérica.