Una feroz declaración de guerra institucional sacude al sector económico de la cordillera a escasos días de iniciarse formalmente la temporada invernal.
En un escenario dominado por la incertidumbre climática y una alarmante escasez de reservas hoteleras, la flamante cúpula del sector privado rompió el silencio con un durísimo descargo político. Los prestadores locales denuncian que la voracidad fiscal y los costos regulatorios están empujando al borde del abismo a los emprendimientos regionales, destruyendo la competitividad de la comarca frente a otros destinos turísticos del país y desalentando de manera drástica la generación de nuevos puestos de empleo genuino.
La dramática realidad del sector privado expone una presión tributaria insostenible que carcome los ingresos de los comerciantes. De este modo, la nueva presidenta del turismo en Esquel apuntó a los impuestos de forma directa en su primera aparición pública tras asumir la conducción institucional. Según las declaraciones exclusivas vertidas ante los micrófonos de la emisora cordillerana FM Del Lago, Marta Barrera —quien asumió la conducción de la entidad en un contexto atravesado por la falta de nieve— disparó munición pesada contra las arcas públicas al graficar que, cuando se sienta a hacer los números de su comercio, pagar los aportes patronales y liquidar Ingresos Brutos, siente de manera literal que le está regalando un sueldo entero al Estado.
El Estado como un «socio bobo» y el ambicioso plan para salvar los comercios
La máxima referente de la Cámara de Turismo de Esquel describió crudamente al aparato estatal como un “socio bobo eterno” que solo quita recursos pero no aporta soluciones para expandir el mercado cordillerano. Barrera planteó de forma urgente que una reducción drástica de la presión tributaria permitiría fortalecer financieramente a las golpeadas empresas locales, generando condiciones reales para invertir capital, sostener al personal actual y ampliar los servicios destinados a los viajeros. La dirigente llega al cargo respaldada por una sólida trayectoria: combinando catorce años de experiencia dentro de la Secretaría de Turismo pública con su posterior actividad en el ámbito comercial privado.
La nueva conducción se trazó la ambiciosa meta de multiplicar exponencialmente la representatividad de la institución. Actualmente, la Cámara cuenta con apenas 50 socios activos, pero la estrategia de Barrera apunta a alcanzar rápidamente los 200 integrantes mediante una convocatoria basada en la participación masiva y el diálogo abierto. “La idea es la continuidad con participación y un diálogo abierto. Queremos que todos los actores que tengan ideas nuevas puedan sumarse”, señaló la líder empresaria, invitando a romper con el individualismo para poder reconstruir el sector en medio de un contexto macroeconómico hostil.
Alarma invernal por el cambio climático: consultas pero sin reservas
La gran preocupación inmediata que desvela a los hoteleros y gastronómicos es la parálisis del turismo invernal. La falta absoluta de nieve hasta mediados de este mes de junio mantiene en suspenso las decisiones de viaje de los turistas habituales. Al respecto, el panorama sectorial recopilado por el periodista Sergio Bustos deja en claro que, si bien las consultas virtuales existen, todavía no se traducen en reservas concretas de alojamiento. “En otros inviernos ya teníamos gran parte de la ocupación cerrada. Hoy hay muchas consultas, pero poco concretado”, lamentó la funcionaria con extrema preocupación, advirtiendo que el cambio climático obliga a generar propuestas alternativas.
Para Barrera, el desafío estructural de Esquel no pasa únicamente por prenderle velas a una buena temporada de nevadas en el centro de esquí. La empresaria considera indispensable consolidar una estrategia de trabajo permanente que logre sostener la actividad económica activa durante los doce meses del año, reduciendo al mínimo la dependencia histórica de la temporada de invierno. En este marco de menor demanda y costos internos crecientes, la meta principal de la Cámara será edificar consensos firmes con los organismos públicos para actualizar la legislación local, aliviar los bolsillos de los prestadores y preservar con uñas y dientes los puestos de trabajo vinculados al turismo cordillerano.