Una bomba judicial de dimensiones colosales sacude los cimientos más profundos del fútbol argentino en pleno desarrollo de la cita mundialista.
En una resolución unánime que expone un presunto entramado de desvíos y retenciones multimillonarias de fondos públicos, las máximas autoridades del balompié nacional quedaron formalmente acorraladas por la Justicia penal económica. La resolución no solo mancha la cúpula dirigencial en un momento de máxima exposición internacional, sino que deja al descubierto una monumental deuda impositiva que el organismo recaudador del Estado persigue penalmente sin dar el brazo a torcer.
La ratificación de esta gravísima situación judicial generó un terremoto político e institucional inmediato. Se ratificó que confirmaron los procesamientos de Tapia, Toviggino y la AFA por evasión de impuestos, en una causa penal por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social que queda al borde del juicio oral.
Más de 19.000 millones bajo la lupa: Los delitos y los jueces que firmaron
La contundente resolución de la Cámara en lo Penal Económico lleva las firmas de los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Los magistrados ratificaron el fallo dictado originalmente por el juez federal Diego Amarante, quien consideró plenamente probado que los acusados cometieron el delito de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades. La denuncia original, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), acusa a la entidad de no haber pagado en término una suma que supera los 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes patronales.
El trasfondo de la operatoria investigada apunta a que la AFA, en su rol de agente de retención, acopia los impuestos de los sueldos de sus empleados y dispone de un plazo estricto de 30 días para girar el dinero al fisco. Según ARCA, dicho plazo se venció sistemáticamente. El segundo eje delictivo involucra el 7,5% de las entradas que los clubes de fútbol venden al público, fondos destinados a una caja de seguridad social de la AFA que también debían ser transferidos a ARCA dentro de la ventana de 30 días, obligación que la justicia determinó como flagrantemente incumplida.
Órdenes verbales de Toviggino y la defensa desierta de «Chiqui» Tapia
En cuanto a la situación de los imputados, Claudio «Chiqui» Tapia se encuentra actualmente en los Estados Unidos encabezando la delegación nacional en el Mundial (donde se lo vio junto a figuras como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el titular de la FIFA Gianni Infantino en el estadio de Kansas), habiendo viajado con autorización judicial previa. Por su parte, el tesorero Pablo Ariel Toviggino permanecería en la Argentina al no solicitar el aval de salida. Fuentes judiciales confirmaron que el fallo de la Cámara dejó firmes de forma directa los procesamientos de Tapia y de la AFA al declarar «desiertas» sus apelaciones, dado que su abogado defensor solicitó de forma extemporánea prorrogar la audiencia de argumentación cuando el plazo ya había vencido. El procesamiento de Toviggino fue ratificado tras analizar sus recursos, y una testigo contable de la entidad lo complicó al declarar que las decisiones financieras y los pagos se activaban bajo su exclusiva «orden verbal».
Por el contrario, el panorama es distinto para otros directivos de la casa madre del fútbol: los procesamientos de los exsecretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco, junto al de Gustavo Lorenzo, fueron revocados por el tribunal al considerarse prematuros, ordenando profundizar la investigación sobre ellos. Desde la vereda de la AFA insistieron públicamente en que la deuda fue cancelada previo al vencimiento del plazo estricto, tachando el planteo de ARCA de estar «en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes»; sin embargo, la justicia determinó que el delito penal tributario se configura exactamente en el instante en que el plazo legal expira sin que los fondos ingresen a las arcas estatales.