El Congreso de la Nación volvió a transformarse en un escenario de altísima combustión política y febriles negociaciones a puertas cerradas.
El oficialismo, acorralado por las exigencias de sus propios aliados y el peso de recientes controversias éticas, se vio forzado a meter mano en uno de sus proyectos fiscales más ambiciosos. La presión opositora y de las bancadas dialoguistas logró quebrar la postura inicial de la Casa Rosada, obligándola a ceder terreno en un intento desesperado por evitar que la iniciativa naufrague definitivamente en las comisiones de la Cámara baja.
El factor Adorni: la polémica que forzó el cambio de rumbo del Gobierno
Las modificaciones de último momento que se introdujeron al proyecto original no fueron casuales. La necesidad de blindar la ley surgió con fuerza tras el masivo revuelo público que involucró de manera directa al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti. En junio de 2026, la pareja quedó en el ojo de la tormenta tras incorporarse al régimen simplificado de Ganancias justo antes de presentar su declaración jurada, una maniobra que sembró profundas sospechas en todo el arco político y aceleró las demandas de transparencia.
El núcleo de la reforma actual busca impedir de forma tajante que los funcionarios públicos puedan cobijarse bajo los beneficios más sensibles de la norma. Si bien la propuesta contempla que quienes ejercen funciones en el Estado utilicen el esquema simplificado para cumplir de forma ordinaria con sus obligaciones tributarias, las nuevas cláusulas estipulan que quedarán completamente excluidos de las presunciones y de los potentes efectos liberatorios previstos por el proyecto, marcando una cancha clara y diferenciada respecto al contribuyente común.
Restricciones severas para evitar el blanqueo encubierto de fondos
La pulseada parlamentaria se concentra con fuerza en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, donde el oficialismo se encuentra obligado a tejer consensos urgentes para lograr el ansiado dictamen. El texto modificado no solo apunta a los funcionarios del presente, sino que extiende las restricciones específicas a aquellos individuos que hayan ocupado cargos públicos relevantes durante los últimos años. El objetivo de los bloques dialoguistas es bloquear cualquier grieta legal que permita a exfuncionarios utilizar los mecanismos del régimen para justificar o exteriorizar patrimonios y fondos que no hubiesen sido declarados de forma previa.
El plan original del Poder Ejecutivo fue concebido como una herramienta clave para alterar el esquema tradicional de fiscalización de Ganancias y propiciar la formalización de ahorros que se encuentran fuera del circuito formal. No obstante, para que la ley pueda ver la luz en el recinto, las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los negociadores oficiales aceptaron revisar también las condiciones generales de acceso y los mecanismos para regularizar las diferencias patrimoniales detectadas por el fisco, en una discusión contrarreloj que promete sumar nuevos capítulos antes de su votación.