El diputado oficialista Bertie Benegas Lynch defendió firmemente el dictamen de mayoría que autoriza al Poder Ejecutivo a abonar un remanente de 171 millones de dólares a dos fondos buitre.
Durante su intervención, el legislador libertario aseguró que la medida buscará cerrar, tras un cuarto de siglo, “esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descrédito”.
Al mismo tiempo, apuntó con dureza contra la oposición por la gestión histórica de la deuda en default. En referencia a la Ley de Pago Soberano, acusó al kirchnerismo de “ser irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos”.
Los detalles del dictamen y el costo del litigio
Al respaldar el proyecto que habilita el desembolso a las firmas Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores liderado por Attestor Value Master Fund LP, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda recordó el costo reputacional del país en los tribunales extranjeros, señalando que “pasamos por la vergüenza de pasar por los procesos de Discovery y los embargos judiciales”.
Para el legislador, la única garantía de previsibilidad financiera a largo plazo radica en un cambio de rumbo político definitivo: «La forma de desembarazarnos de esto será lo que hagan los argentinos en 2027».
En la misma línea de su argumentación, insistió en el impacto que tuvieron las políticas anteriores, manifestando que los sectores opositores “fueron irresponsables y sinvergüenzas políticos porque votaron una cesación de pagos arrastrando a los argentinos a una nueva aventura de decadencia”.
Los términos del acuerdo económico
Benegas Lynch remarcó el carácter de urgencia que reviste la aprobación de la iniciativa parlamentaria. Según explicó, las condiciones conseguidas en la mesa de negociación resultan sumamente favorables para las arcas públicas bajo tres premisas fundamentales:
«Se negoció una condición de quita del 30% de este remanente; se nos exime de pagar honorarios legales; y judicialmente, los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales”, detalló el diputado.
Asimismo, lanzó una advertencia al resto de las bancadas sobre el riesgo de postergar la sanción: «Si no la aprobamos, cae el Acuerdo de Conciliación y se renuevan las instancias de litigio», alertó, para luego concluir de manera tajante afirmando que «no me entra en la cabeza que se vote en contra de esto».
La iniciativa bajo debate contempla un pago discriminado de la siguiente manera:
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US$ 67 millones destinados a la firma Bainbridge Ltd.
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US$ 104 millones asignados al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
La transferencia de estos fondos se ejecutará de forma simultánea a la acreditación de los bonos —libres de todo gravamen—, permitiendo su inmediata cancelación y la extinción definitiva del litigio judicial.