Una drástica determinación política promete cambiar de forma radical el panorama de las esquinas y semáforos más transitados de la ciudad de Trelew.
En respuesta a crecientes reclamos comunitarios por episodios de inseguridad y constantes fricciones vecinales, el Ejecutivo municipal avanzó decididamente con una normativa de tolerancia cero frente a las actividades informales de subsistencia en el radio urbano. La medida abre un intenso debate social sobre los límites del control del espacio público y la desprotección de los sectores vulnerables en la Patagonia.
La drástica resolución cobró impulso formal este lunes en los despachos gubernamentales. El municipio de Trelew impulsa una ordenanza para prohibir la actividad de limpiavidrios en semáforos, también conocidos de manera popular en la jerga urbana como “trapitos”. El proyecto de corte regulatorio ya fue ingresado de forma oficial al Concejo Deliberante de la localidad chubutense, desatando inmediatas repercusiones en el arco político local.
Uso de la fuerza pública y el fantasma de un proyecto fallido
El secretario de Gobierno municipal, Mario Romero, defendió firmemente la iniciativa y argumentó que «es un proyecto basado en la convivencia urbana», diseñado específicamente para poner un límite administrativo a una realidad de alta complejidad. El funcionario recordó que la propuesta retoma los ejes centrales de un proyecto de ordenanza similar impulsado en el año 2019, el cual finalmente no prosperó debido a la falta de consensos políticos en aquel período legislativo. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que esta regulación se diferencia taxativamente de la prohibición de la venta ambulante que ya rige en la ciudad, debido a que se focaliza única y exclusivamente en el accionar de los trabajadores informales que se instalan en las esquinas a ofrecer la limpieza de parabrisas.
Para asegurar el efectivo cumplimiento de la restricción una vez que resulte sancionada por los concejales, el texto normativo contempla la intervención directa y sistemática de los efectivos pertenecientes a la Guardia Urbana. En caso de detectar resistencia o desacato por parte de los trabajadores informales, la legislación faculta expresamente a dicho cuerpo municipal a solicitar el apoyo logístico e inmediato de la fuerza pública policial para desalojar los cruces viales y detener a los infractores.
Adicciones, muertes y el fenómeno de la migración vecina
La justificación oficial de las autoridades locales para erradicar a los limpiavidrios se sustenta en el marcado deterioro de la seguridad pública en las esquinas céntricas. De acuerdo con el diagnóstico de las áreas de control, la actividad genera serios conflictos de convivencia y recurrentes episodios de violencia física y verbal que damnifican tanto a los automovilistas y transeúntes como a quienes la ejercen. Según Romero, «hoy hay violencia hacia las mismas personas, hay violencia en el radio urbano, hay violencia entre pares». En ese sentido, las declaraciones oficiales fueron sumamente crudas al señalar que se han registrado casos de extrema gravedad en la vía pública, incluyendo fallecimientos concretos de personas vinculadas directamente con cuadros de consumo excesivo de alcohol y estupefacientes.
El censo inicial y el monitoreo dinámico realizado por las cuadrillas del municipio estiman que el número de personas atrapadas en este circuito informal de subsistencia dentro de Trelew oscila de forma estable entre 10 y 12 individuos. No obstante, los equipos técnicos del área de Gobierno detectaron un llamativo fenómeno migratorio regional que complejiza el escenario social: una parte considerable de los limpiavidrios que operan en las avenidas locales provienen de ciudades y comunas vecinas de la provincia, quienes viajan hasta Trelew debido a que en sus respectivas localidades de origen esta actividad callejera ya se encuentra estrictamente prohibida por ley.
Contención integral como alternativa al desalojo de las esquinas
Reconociendo de manera abierta que la población afectada se compone mayoritariamente de jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad social y con severas problemáticas de adicciones, el texto del proyecto busca esquivar las críticas de las organizaciones sociales incorporando un abordaje multidisciplinario. La ordenanza impone la articulación de políticas públicas activas en conjunto con el área de desarrollo humano municipal y diversas entidades del tercer sector dedicadas a la asistencia social.
El objetivo central del programa integral, según indicaron fuentes del Ejecutivo, consiste en estructurar de forma paralela un abanico de alternativas genuinas de reinserción para contener a estos grupos desplazados de los semáforos. Las acciones se enfocarán en brindarles posibilidades concretas de inserción laboral o generación de ingresos legítimos, complementado de forma obligatoria con planes de actuación terapéutica en materia de salud pública y asistencia en consumos problemáticos. «Hay que introducirlos o generarles alguna otra posibilidad, ya sea de ingreso o de actuación de salud o de lo que tenga que ver con cuestiones personales», sentenció el secretario Mario Romero al dar por cerrado el anuncio.