Un terremoto político y judicial de proporciones imprevistas acaba de sacudir las estructuras del fútbol argentino y los organismos de recaudación estatal.
En una resolución que desató una ola de indignación y sospechas en los pasillos de los tribunales federales, un fallo exprés ha beneficiado de manera directa al riñón más íntimo de la conducción del deporte más popular del país. La velocidad y los llamativos alcances de la medida cautelar encendieron las alarmas de los peritos fiscales, quienes ven con suma preocupación cómo se desarma una de las investigaciones de evasión y lavado de dinero más complejas de los últimos tiempos.
El polémico dictamen modifica de manera drástica el cerco fiscal que pesaba sobre los cuestionados movimientos de la dirigencia deportiva en este invierno de 2026. De este modo, la escena pública nacional quedó conmocionada al confirmarse que un controvertido fallo judicial favorece a Toviggino en Santiago del Estero, permitiendo que una de sus firmas comerciales más sospechadas vuelva a operar con absoluta impunidad. La justicia ordenó una veloz e irregular marcha atrás en las sanciones que el organismo estatal había impuesto por presuntas maniobras de facturación apócrifa.
El juez subrogante y la llamativa salvación de Malte SRL
La polémica resolución fue dictada por el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, quien intimó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a excluir en un plazo máximo de 48 horas a la firma Malte SRL de la base de datos E-APOC, el registro donde se archiva a los contribuyentes no confiables o «usinas de facturas truchas».
El fallo judicial generó inmediatos cuestionamientos debido a groseras inconsistencias técnicas, tales como haber incluido en el beneficio a la empresa Norte Argentino SRL, una sociedad que jamás había sido catalogada como apócrifa por el fisco. Malte SRL, sindicada como la empresa principal del entramado societario ligado a Pablo Toviggino (tesorero de la AFA), había sido bloqueada en marzo de 2026 tras comprobarse técnicamente que operaba con una total falta de capacidad económica y financiera en relación con sus multimillonarios movimientos de fondos.
La causa penal recayó en Catamarca en manos de Díaz Martínez debido a que la AFIP había recusado previamente al juez original de Santiago del Estero, Sebastián Argibay. Las sospechas de connivencia política y judicial sobre el caso son extremas: Argibay es recordado por haber desestimado en el pasado mes de abril, en un tiempo récord de apenas un par de horas tras regresar de un viaje de placer en Miami, un pedido del fiscal Pedro Simón para detener de manera inmediata tanto a Toviggino como al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por una causa de lavado de dinero multimillonario. Años antes, el propio Argibay había habilitado la polémica tercera reelección del exgobernador santiagueño Gerardo Zamora, un reconocido aliado político del tesorero de la institución del fútbol.
Mansiones millonarias, lavado de activos y redes de evasión
Los argumentos de la defensa de la empresa, que el juez Díaz Martínez convalidó bajo el pretexto de evitar una «muerte comercial» por la inhabilitación del CUIT, contrastan fuertemente con las graves hipótesis que manejan los sabuesos fiscales. Malte SRL está siendo minuciosamente investigada en múltiples expedientes federales por los presuntos delitos de evasión tributaria agravada, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero.
Entre los antecedentes más escandalosos de la firma se encuentra la sospechosa triangulación comercial realizada en 2023 para comprarle un terreno en Pilar al exfutbolista Carlos Tevez. En dicho predio se levantó posteriormente una imponente mansión valuada en 17 millones de dólares que luego fue transferida velozmente a otra firma del grupo.
Los lapidarios informes técnicos de ARCA detectaron un patrón de comportamiento criminal idéntico al de las redes delictivas dedicadas a la delincuencia económica organizada: la utilización de las mismas direcciones IP de computadoras para emitir facturaciones cruzadas, el constante intercambio de comprobantes ficticios entre sociedades del mismo entorno y domicilios fiscales idénticos compartidos entre diversas firmas.
A pesar de este arsenal de pruebas, la controvertida resolución judicial se acopla a una serie de llamativos fallos de la Cámara Nacional en lo Civil que días atrás avalaron el polémico cambio de domicilio de la AFA, dejando sin efecto una intervención del Ministerio de Justicia que pretendía auditar sus oscuros balances. Ante este revés, el organismo recaudador ya anticipó que apelará la medida para defender sus facultades legales de fiscalización.