AFA logra mudar su sede a Pilar y queda fuera de la órbita de la IGJ.
La Cámara Nacional en lo Civil emitió un fallo clave que favorece a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al convalidar el traslado de su domicilio social al partido bonaerense de Pilar. Con esta decisión, la entidad presidida por Claudio «Chiqui» Tapia logra salir de la jurisdicción de la Inspección General de Justicia (IGJ), eliminando así su capacidad de control sobre los estados contables y el funcionamiento institucional de la asociación.
Nulidad de veedores y cambio de jurisdicción
El tribunal de alzada fue contundente al declarar la nulidad tanto de la resolución de la IGJ que cuestionaba el funcionamiento de la AFA, como del decreto del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad por 180 días. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras la modificación estatutaria aprobada en 2024 y la inscripción formal en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, la IGJ perdió toda competencia legal sobre la asociación.
El argumento judicial: competencia provincial
En su sentencia, el tribunal aclaró que los actos administrativos emitidos por los organismos provinciales poseen plena validez y deben ser respetados por las autoridades nacionales. De esta forma, el fallo estipula que la entidad queda consolidada bajo la fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Respecto a la controversia sobre los estados contables, los jueces indicaron que la potestad de auditoría no desaparece, sino que se traslada al nuevo organismo administrativo competente, el cual deberá continuar con los controles correspondientes para salvar cualquier inconsistencia.
Impacto en las causas penales
Es importante señalar que esta resolución civil no afecta las causas penales en curso contra los dirigentes de la AFA. La investigación por presunto lavado de dinero —vinculada a propiedades en Pilar, entre ellas una mansión valuada en 17 millones de dólares— continuará su trámite, al igual que los procesos contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino por retención indebida de aportes. Mientras la justicia civil despeja el camino administrativo, la vía penal mantiene su curso independiente bajo la órbita de la Justicia Nacional en lo Penal Económico.