La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete lejos estuvo de traer paz a los despachos de la Casa Rosada.
En las últimas horas, la onda de choque de su dimisión se expandió con fuerza hacia el sector energético, abriendo un nuevo e incendiario frente de conflicto político. Todo el arco opositor unificó posiciones y lanzó una fuerte ofensiva institucional para que el exvocero sea eyectado de forma inmediata del control de la petrolera estatal, encendiendo el debate ético sobre los privilegios económicos de los funcionarios públicos.
La drástica salida del dirigente libertario de la primera línea ministerial no logró apaciguar el malestar legislativo. Según los principales portavoces de la oposición, resulta completamente insostenible que el exfuncionario retenga sus privilegios corporativos. La polémica se instaló de lleno en el debate público al confirmarse que La oposición también exige que Adorni deje su cargo en el directorio de YPF tras su renuncia al Gobierno, argumentando que ya no existe ningún tipo de sustento político ni ético para que continúe actuando en representación del Estado nacional dentro de la compañía hidrocarburífera.
Sueldos de casta en dólares y una causa penal por presunto enriquecimiento
El foco de la furia opositora hace eje directo en las siderales asimetrías económicas que rodean al puesto. el cargo de director estatal en la petrolera de mayoría pública contempla una remuneración mensual estimada en los US$ 15.000 (quince mil dólares). Esta cifra brutal e indignante para el bolsillo del ciudadano común quedó en el centro de la tormenta pública tras el intempestivo portazo del funcionario a su despacho de la Casa de Gobierno.
El planteo cobra tintes de extrema gravedad institucional debido al complejo frente judicial que acorrala al exjefe de ministros. Adorni afronta en estos momentos una investigación en los tribunales federales por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública. Para los dirigentes opositores, resulta un contrasentido absoluto que una persona cercada por denuncias de corrupción mantenga bajo su control una de las sillas con mayor relevancia económica del país.
El duro descargo de Paulón: «Es un insulto a la ciudadanía argentina»
Uno de los legisladores más duros e implacables a la hora de cuestionar el repliegue del exfuncionario fue el diputado nacional Esteban Paulón. El parlamentario santafesino echó por tierra el relato oficial de una «salida prolija» y aseguró que la renuncia a la Jefatura de Gabinete fue el resultado inevitable de la asfixiante presión política, parlamentaria y judicial que el funcionario acumuló en las últimas semanas, forzando la intervención de Javier Milei para frenar el desgaste de su propia gestión presidencial.
Al referirse de forma específica a la continuidad del exministro en la petrolera, Paulón no anduvo con vueltas: “Funcionario que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina”, disparó de manera tajante. En esa misma línea de fuego, el diputado lanzó una dura advertencia al Poder Ejecutivo exigiéndole revisar la designación de inmediato, alertando que sostener ese privilegio «sería otro mensaje de este Gobierno de que reproduce lo peor de la casta, donde a uno de los propios se lo protege y no se lo deja bajo la lluvia».