El principal proceso de transferencia al sector privado que lleva adelante el Poder Ejecutivo se encuentra bajo la lupa debido a serios cuestionamientos en su confección.
Un informe elaborado por especialistas internacionales y difundido por el portal Ámbito expuso una serie de presuntas irregularidades en el proceso de licitación de la Hidrovía, considerada la principal privatización impulsada por el gobierno de Javier Milei. El documento cuestiona aspectos técnicos, económicos y administrativos del concurso llevado adelante por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Según el reporte, existirían indicios de direccionamiento en favor del consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus. Los expertos señalaron supuestas inconsistencias en la evaluación de antecedentes técnicos, conflictos de interés dentro de la comisión evaluadora y criterios que habrían afectado la competencia entre los oferentes.
Supuestos sobrecostos y limitaciones a la competencia
Uno de los puntos más cuestionados es la fijación de una tarifa mínima para el peaje de la vía navegable. De acuerdo con el informe, esa condición habría limitado la competencia económica y generado un posible sobrecosto de hasta un 17% respecto de ofertas que podrían haberse presentado bajo otras condiciones de mercado.
Asimismo, la auditoría privada pone en duda la ecuanimidad de los pliegos técnicos respecto a las firmas participantes. El documento también menciona la existencia de diferencias en la valoración de la experiencia técnica de las empresas participantes. En particular, sostiene que se desestimaron antecedentes internacionales de algunos competidores mientras se aceptaron certificaciones que podrían presentar incompatibilidades por presuntos conflictos de interés.
Proyecciones millonarias bajo la lupa y definición ministerial
La preocupación de los técnicos internacionales excede la actual etapa administrativa y proyecta un fuerte impacto financiero a largo plazo sobre los fondos públicos. Además, los especialistas advirtieron sobre posibles costos inflados en tareas de dragado y balizamiento, así como la inclusión de rubros genéricos que habrían incrementado significativamente el valor total proyectado de la concesión. Según las estimaciones citadas, las diferencias económicas podrían representar miles de millones de dólares a lo largo del contrato.
El escenario podría trasladarse prontamente a los tribunales de Comodoro Py y a las oficinas de control gubernamental. Las observaciones ya forman parte de presentaciones realizadas ante organismos de control y podrían ser incorporadas a investigaciones administrativas y judiciales sobre la adjudicación. Mientras tanto, la definición final del proceso requiere la intervención del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, cuya firma será clave para avanzar con la concesión.