La estabilidad de la mesa política oficialista pende de un hilo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta sus horas más oscuras en el Congreso de la Nación ante una feroz embestida de la oposición tradicional y un llamativo retroceso de los sectores aliados.
Aunque las terminales de la Casa Rosada intentan transmitir una calma blindada, la realidad en los pasillos parlamentarios expone una debilidad que podría terminar de la peor manera para el funcionario.
Negociaciones al límite y el poroteo del quiebre aliado
El clima de confianza que intenta irradiar el Gobierno nacional colisiona de frente con las advertencias que llegan desde sus propios socios legislativos. Los bloques dialoguistas comenzaron a tomar una distancia prudencial del ministro coordinador, dejando abierta de par en par la posibilidad de habilitar el debate para su interpelación.
«Vamos a ver qué pasa en el Senado. En Diputados, si el radicalismo está de acuerdo, es factible que se vote el emplazamiento de las comisiones para la interpelación», confesó una alta fuente del PRO vinculada directamente a las tratativas de ambas cámaras. Este escenario destroza la garantía inicial del Poder Ejecutivo, que apostaba al blindaje total de sus aliados estratégicos para desactivar los seis pedidos de interpelación vigentes y la eventual sesión única en el Senado impulsada por el Partido Justicialista (PJ) para el próximo martes 23 de junio.
Presión patrimonial y el complejo laberinto de la remoción
La mayor complicación que asfixia por estas horas a la Casa Rosada radica en la pérdida de confianza política. Tanto la bancada del PRO como la de la Unión Cívica Radical (UCR) miran de reojo y con creciente disconformidad las explicaciones que viene exponiendo el vocero para intentar justificar su situación patrimonial. Este descontento le da alas a la oposición dura, que ya desliza tener los números necesarios para forzar al funcionario a rendir cuentas de forma presencial.
Si bien desde el núcleo duro de Milei minimizan el riesgo argumentando que «el proceso es muy enroscado y no hay posibilidad», el mecanismo constitucional ya está en marcha. Para activar la moción de censura que desembocaría en la remoción inmediata de Adorni, la normativa exige un doble candado: primero, la aprobación de una de las cámaras para la interpelación y, posteriormente, el voto de la mitad más uno de los miembros presentes (mayoría absoluta) tanto en Diputados como en el Senado.
Frente a este peligro inminente, un comando de rescate político integrado por la senadora Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, trabaja a contrarreloj en el poroteo de votos para frenar la sangría. Como contraofensiva de emergencia, la mesa chica resolvió enviar a Adorni a la Cámara Alta a principios de julio (con el martes 2 y el jueves 7 como fechas tentativas) para brindar su primer informe de gestión, intentando así calmar las aguas antes de que la crisis sea irreversible.