Un monumental escándalo de opacidad financiera y contradicción discursiva sacude los cimientos de la Casa Rosada.
Mientras el Poder Ejecutivo promueve un feroz plan de austeridad bajo la bandera de «no hay plata», una investigación reservada sacó a la luz el descontrolado aumento de los fondos discrecionales de manejo flexible que administra la cúpula gubernamental. El hallazgo de una formidable estructura de tarjetas corporativas de crédito y cuentas prepagas despierta un tendal de sospechas sobre el verdadero destino de los recursos públicos, desatando una fuerte crisis de credibilidad.
La trama oculta de los gastos reservados del entorno presidencial quedó expuesta tras un exhaustivo pedido de acceso a la información pública. Tarjetas de Presidencia: la caja de $1.135 millones que depende de Karina Milei, pero que el Gobierno no abre, se transformó en el foco de la tormenta política. La Secretaría General de la Presidencia más que duplicó en apenas doce meses su Fondo Rotatorio, desatando una feroz interna por el hermetismo con el que se ocultan los consumos de los funcionarios de primera línea.
De $471 a más de $1.135 millones: el descontrol del Fondo Rotatorio 2026
La arquitectura del festival de gastos flexibles quedó plasmada en la Resolución 35/2026, suscripta de puño y letra por la propia Karina Milei el pasado 29 de enero y publicada en el Boletín Oficial el 2 de febrero. Mediante este instrumento legal, el Fondo Rotatorio de la Secretaría General se catapultó a la astronómica cifra de $1.135.112.226,90, lo que representa un salto de casi $664 millones respecto al ejercicio del año anterior, cuando la caja operativa se ubicaba en $471.581.570,04. Este incremento real del 141% multiplica por 2,4 el presupuesto de manejo discrecional de la Casa de Gobierno.
Para volver más escandalosa la medida, la misma resolución de la hermana presidencial autorizó de forma explícita gastos individuales de hasta $50 millones por cada operación. Asimismo, exceptuó de ese millonario tope a tres rubros sumamente sensibles y propensos a la discrecionalidad: el pago de servicios básicos, todo lo relacionado con la logística y viáticos de los viajes presidenciales al exterior, y los débitos originados por embargos judiciales, dejando una canilla libre de fondos que burla las promesas oficiales de transparencia pública.
El pacto del silencio: el Gobierno entrega los nombres pero oculta los tickets
Ante el requerimiento legal de transparencia, la Secretaría General de la Presidencia se vio obligada a admitir la existencia de un colosal aparato de pago: informó la vigencia de 140 tarjetas recargables activas, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios habilitados dentro de la plataforma digital “Corporativa Nación” del Banco Nación. Lo llamativo del caso es que, a pesar de que el pedido exigía los resúmenes mensuales, el detalle de comercios, proveedores, CUIT, moneda, tickets y vouchers de rendición por el sistema electrónico GDE, el Gobierno de Javier Milei enmascaró la información y se negó rotundamente a mostrar en qué se gastó el dinero público.
El dato político de mayor impacto es la nómina de los beneficiarios del plástico estatal. Karina Elizabeth Milei figura bajo el sector de la “Secretaría General Privada” con una tarjeta corporativa recargable terminada en 8888. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Eugenia Villarruel aparece registrada por duplicado en el Fondo Rotatorio: posee la tarjeta terminada en 7961 bajo el subagrupador “Viáticos y Eventuales” y el plástico finalizado en 7755 bajo el ala de “Anticipos”. El secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, también cuenta con su tarjeta recargable terminada en 8045 y un perfil de «Administrador Centro de Costo» bajo el código de usuario 5122171.
Juez y parte: los mismos funcionarios que controlan la caja tienen tarjetas de crédito
La nómina de plásticos de la Casa Rosada se extiende a figuras clave del aparato de propaganda oficial, como el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría (tarjeta terminada en 6086) y su colaborador Federico Nicolás Bustos (tarjeta terminada en 9041). Sin embargo, el conflicto de intereses más grave surge al cruzar los nombres de los administradores del Fondo Rotatorio con los beneficiarios de las tres codiciadas tarjetas de crédito corporativas. María Elisa Del Malvar (quien posee el perfil de «Administrador Raíz», el de máximo control del sistema), Gabriela Carla Winnik (directora general de Administración) y Marcelo Nicolás Luque Mariño (coordinador de Movimiento de Valores) figuran simultáneamente como los encargados de emitir los pagos y como titulares de los plásticos de crédito terminados en 5143, 6011 y 6128 respectivamente.
La contradicción de la administración libertaria es total si se tiene en cuenta que el propio convenio con el Banco Nación por la Tarjeta Corporativa Nación Prepaga detalla que el sistema informático permite visualizar en tiempo real cada transacción, comercio y extracción de efectivo. Pese a que el instructivo de control interno obliga a tramitar las rendiciones mediante expedientes electrónicos en la plataforma GDE y registrar cada movimiento en el sistema de contabilidad e-SIDIF, los funcionarios Juan Manuel Galli (subsecretario Legal) y el propio Luque Mariño firmaron una respuesta genérica que elude el desglose de las partidas y remite al portal Presupuesto Abierto, donde los datos aparecen de forma licuada e inaccesible para el ojo de la ciudadanía.
Finalmente, la Dirección de Sumarios reconoció haber tramitado una investigación disciplinaria interna que concluyó el 6 de abril con una propuesta de cierre por supuesta «inexistencia de perjuicio fiscal». No obstante, las autoridades optaron por mantener bajo llave el expediente, ocultando qué conductas o qué tarjetas fueron investigadas por uso indebido o personal. La paradoja expone una alarmante grieta en el discurso del oficialismo: la misma gestión que hizo de la motosierra y el combate a los privilegios su principal bandera política, blindó por completo una millonaria caja de gastos de la que nadie puede rendir cuentas.