El Poder Ejecutivo nacional redefinirá los parámetros de selección de magistrados para el máximo tribunal de la República mediante una herramienta de excepción constitucional.
El Gobierno nacional avanzará con una reforma del mecanismo de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que será publicado en las próximas horas. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei junto al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con el objetivo de agilizar los procedimientos y cubrir con mayor rapidez las vacantes existentes en el máximo tribunal.
La disposición gubernamental implica un giro técnico respecto a las reglamentaciones de transparencia y representatividad que rigieron los nombramientos en las últimas dos décadas. Según trascendió, la nueva normativa dejará sin efecto algunas pautas establecidas en el decreto 222/03 impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Entre los cambios más relevantes se eliminará la recomendación para que el Poder Ejecutivo contemple criterios de diversidad de género, especialidad y representación regional al momento de proponer candidatos.
Requisitos de publicidad y simplificación administrativa
La letra chica del articulado introduce modificaciones en los canales de difusión de las carpetas de los aspirantes con el fin de digitalizar el proceso de consulta pública. El decreto también incorporará modificaciones en los mecanismos de publicidad de las postulaciones. A partir de ahora será obligatoria la difusión de los antecedentes de los candidatos a través de la página oficial del Ministerio de Justicia, además de mantener la publicación en el Boletín Oficial y en medios de circulación nacional.
Desde los despachos de la Casa Rosada y la cartera judicial argumentan que el replanteo técnico obedece a razones de celeridad operativa. Desde el Ejecutivo sostienen que la iniciativa busca modernizar el sistema y unificar los requisitos de información patrimonial, impositiva y previsional que deben presentar los aspirantes a integrar la Corte Suprema. La intención oficial es reducir instancias burocráticas consideradas redundantes dentro del proceso.
Impugnaciones y el escenario actual del tribunal
A pesar del recorte de ciertos pasos administrativos, la nueva reglamentación conservará el derecho a la participación civil y los controles sobre la evolución patrimonial de los candidatos. La reforma mantiene la obligación de que los candidatos presenten declaraciones juradas patrimoniales y contempla la posibilidad de que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales formulen observaciones o impugnaciones dentro de un plazo determinado antes de la elevación de los pliegos al Senado.
La premura oficial se inserta en un contexto de acefalía parcial en el palacio de Tribunales, situación que limita la conformación de mayorías internas para resoluciones clave. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con tres de los cinco miembros previstos por ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno considera prioritario avanzar en la cobertura de las vacantes para garantizar el pleno funcionamiento del tribunal.