El sistema de salud pública de la provincia de Chubut recibió un duro revés institucional en uno de sus sectores más sensibles. La Asociación Argentina de Cirugía (AAC) emitió una advertencia formal al Gobierno provincial y declaró a los hospitales públicos de la jurisdicción bajo el estatus de «zona de conflicto».
La medida se tomó tras meses de reclamos ignorados y expone una profunda crisis signada por honorarios desactualizados y fallas crónicas de infraestructura.
La entidad médica nacional notificó de manera oficial la decisión mediante dos expedientes urgentes elevados al gobernador Ignacio Torres y al secretario de Salud provincial, Sergio Wisky, donde exigen la apertura inmediata de una mesa de diálogo.
La falta de respuestas oficiales como detonante de la medida
La resolución de llevar el reclamo al nivel de alerta máxima fue el resultado de una serie de gestiones que no obtuvieron contestación. En la misiva enviada a la cartera sanitaria conducida por Wisky, los dirigentes explicaron que endurecieron su postura ante la falta de respuesta y por la “situación aún no resuelta que atravientan los profesionales” de la especialidad.
Según precisó la entidad, el pasado 6 de abril ya habían remitido una primera nota a la doctora Denise Acosta, pero el silencio administrativo aceleró el descontento de los equipos médicos.
En el escrito dirigido al gobernador Torres, los cirujanos profundizaron en la raíz económica del reclamo y denunciaron el deterioro de sus ingresos, señalando que los aranceles vigentes “no alcanzan estándares mínimos éticamente aceptables” para garantizar el ejercicio de la medicina en la región patagónica.
Las reglas de la «zona de conflicto» en la práctica médica
La normativa interna de la Asociación Argentina de Cirugía contempla la declaración de «zona de conflicto» ante el incumplimiento de pautas básicas de trabajo y seguridad. Según detallaron a la secretaría de Salud, la categoría se aplica cuando los centros hospitalarios carecen de las “condiciones técnico-ambientales y de infraestructura” indispensables para realizar intervenciones.
El marco regulatorio de la entidad establece dos ejes principales de evaluación:
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Seguridad operacional: La precariedad edilicia o la falta de insumos resultan inaceptables cuando “pongan en riesgo su desempeño y los resultados de su práctica quirúrgica”.
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Protección económica: Se sancionan las demoras en las liquidaciones y se resguarda a los profesionales frente a la “falta de actualización de los sueldos u honorarios por las variaciones de los índices económicos”.
Ofrecimiento de mediación para destrabar la crisis
A pesar del severo diagnóstico trazado sobre los quirófanos chubutenses, los referentes de la entidad médica sostuvieron que la prioridad absoluta de la medida es preservar la seguridad de los pacientes en el sistema público.
En ese sentido, los doctores José L. Tortosa y Oscar Mazza ratificaron en los expedientes presentados que se ponen a entera disposición de las autoridades del Ejecutivo provincial “para colaborar como mediadores en esta situación” y encontrar una salida consensuada que destrabe el conflicto en el corto plazo.