El escenario político y judicial bonaerense arde tras la polémica decisión de frenar la aplicación de la nueva ley de responsabilidad penal juvenil.
Apenas cuatro días después de que la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, dictara una medida cautelar por 60 días para frenar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en toda la Provincia de Buenos Aires, tres graves pedidos de juicio político fueron ingresados formalmente en el Senado provincial acusándola de supuestos cargos de «mal desempeño en sus funciones».
Fuerte embestida de legisladores y acusación penal por abuso de autoridad
Las presentaciones contra la magistrada ingresaron por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento respaldadas por el diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), el senador Guillermo Montenegro (PRO) y el abogado bonaerense Alfredo Drocchi. La controversia surgió dentro de la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”, donde Pascual frenó la Ley Nacional 27.801 e citó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10:00 horas a funcionarios provinciales de Seguridad, Justicia y Niñez para exigir explicaciones sobre el plan de implementación.
En paralelo, sectores del oficialismo apuntaron contra el gobernador Axel Kicillof, mientras que la ONG Usina de la Justicia impulsó una denuncia penal contra la magistrada por supuesta «usurpación funcional y abuso de autoridad», solicitando intervenir como amicus curiae. La entidad catalogó el fallo de “absolutamente arbitrario y contrario a Derecho”, denunciando que la jueza violó la división de poderes al suspender una ley votada por el Congreso Nacional basándose en una «hipótesis de futuro» sobre el colapso de las estructuras penitenciarias.
La reforma del Régimen Penal Juvenil y el plazo de transición
La controversia tiene su origen en la sanción de la Ley 27.801 aprobada en febrero de este año a instancias del Gobierno nacional, la cual fija la baja de la imputabilidad de los 16 a los 14 años. La normativa otorgaba un período de transición de 180 días para que cada provincia adaptara sus instalaciones y pudiera alojar a los adolescentes procesados. Sin embargo, al cumplirse dicho plazo se conoció el fallo que paralizó la norma en territorio bonaerense.