El presidente de la Nación, Javier Milei, ha tomado una decisión trascendental que pone un punto final definitivo al capítulo más oscuro de la economía argentina moderna.
A través de una medida de extrema relevancia financiera, el Poder Ejecutivo nacional promulgó de manera oficial los convenios de pago con los últimos fondos de inversión internacionales que sostenían litigios judiciales contra el Estado por la deuda soberana que entró en cesación de pagos hace más de dos décadas.
Los millones de dólares asignados a los últimos buitres
La ratificación de estos compromisos financieros se formalizó mediante la publicación del Decreto 564/2026 en el Boletín Oficial. Los acuerdos de pago benefician de manera directa a dos grandes consorcios de especulación financiera internacional que presionaban en los tribunales externos.
El desglose oficial de las millonarias sumas que convalidó la Casa Rosada revela un desembolso masivo de divisas:
-
Bainbridge Ltd: Percibirá la impactante cifra de 67 millones de dólares.
-
Attestor Value Master Fund LP: El grupo de acreedores encabezado por esta firma se alza con un botín de 104 millones de dólares.
El aval del Congreso y el fin de la peor pesadilla argentina
Ambas transacciones internacionales ya contaban con el respaldo político del Poder Legislativo, luego de que las cámaras convalidaran los textos definitivos. De esta manera, quedó blindada la Ley 27.818, la cual fue sancionada formalmente en la Sala de Sesiones del Congreso el pasado 24 de junio de 2026.
Con la firma presidencial plasmada en este decreto, la República Argentina consigue clausurar de manera absoluta el último litigio remanente por el masivo y catastrófico default financiero que se declaró originalmente en diciembre del año 2001. A pesar del fuerte impacto fiscal que representa para las reservas del Banco Central en el inicio del mes de julio, el oficialismo celebra haber sepultado definitivamente las trabas judiciales remanentes que asediaban al país en el extranjero.