El arranque del segundo semestre del año desnudó una profunda crisis de operatividad en el Poder Legislativo de la Nación.
Mientras una de las cámaras intenta mantener una tensa calma a la espera de definiciones, la parálisis política y una feroz acumulación de expedientes clave amenazan con empantanar por completo las reformas estructurales que la Casa Rosada considera urgentes para sostener su programa de gobierno.
Escándalo y rosca: los motivos del cuello de botella en el Senado
La estrategia del Poder Ejecutivo de centralizar el ingreso de sus proyectos de ley por la Cámara alta—aprovechando un escenario de acuerdos que inicialmente parecía más favorable—terminó provocando un colapso administrativo insostenible. Esta preocupante saturación legislativa mantiene completamente congeladas iniciativas cruciales como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la polémica reducción del régimen de subsidios al gas por «zonas frías» (la cual tiene media sanción desde el 20 de mayo) y la ambiciosa reforma electoral.
El oficialismo busca destrabar este escenario convocando a una sesión especial para el próximo 15 de julio, donde pretenden votar los pliegos judiciales pendientes y la denominada «Ley Hojarasca», que busca derogar unas 70 normas obsoletas.
La tensión en los pasillos de la Cámara alta es total. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se apersonó de urgencia en el palacio para exigirle máxima celeridad a las bancadas oficialistas con la nueva Ley General de Sociedades.
Sin embargo, la falta de consenso mantiene en un limbo absoluto a otros debates transversales, tales como la nueva Ley de Salud Mental, las modificaciones a la Emergencia en Discapacidad—que carece de agenda regulatoria—y los resistidos proyectos para derogar el etiquetado frontal de alimentos y combatir la ludopatía digital en menores de edad. Por si fuera poco, el tratamiento de la nueva Carta Orgánica del Banco Central sumará más presión a una parrilla legislativa al borde de la fractura.
Diputados en pausa y el laberinto de las «colectoras» para eliminar las PASO
En la vereda de enfrente, la Cámara de Diputados experimenta un panorama totalmente opuesto, sumida en un compás de espera obligado. Actualmente, el único proyecto que avanza a paso firme en las comisiones es la ley «anti barras», un texto heredado de la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
El resto de la agenda permanece bajo llave: las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal aún no ingresaron, el tratado internacional de patentes con Estados Unidos está completamente trabado por discrepancias en Cancillería, y la pomposa ley de regulación del «lobby» empresarial quedó archivada tras el feroz rechazo de las cámaras comerciales de la sociedad civil. Asimismo, la oposición no muestra intenciones de reflotar los cambios presupuestarios de la Ley de Financiamiento Universitario.
El verdadero trasfondo de la parálisis parlamentaria se juega en la reforma política. El ingreso del proyecto en abril coincidió con el fuerte impacto del escándalo en torno a la figura de Manuel Adorni, lo que dinamitó los puentes con los bloques dialoguistas. Tras la salida del anterior jefe de Gabinete, el nuevo ministro coordinador Diego Santilli, junto a Lule Menem y Bullrich, diseñaron una audaz ingeniería política para salvar la reforma: ofrecer a la UCR y al PRO un sistema de «colectoras» para las elecciones simultáneas no concurrentes de 2027.
Esto les permitiría colgarse de la boleta presidencial de Javier Milei sin disolver sus identidades partidarias en las PASO, herramienta que el peronismo promete defender a capa y espada. La moneda está en el aire y la definición dependerá de senadores radicales clave como Carolina Losada, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, cuyos votos definirán si el Congreso sale de su letargo.