Una batalla sindical y judicial de alto voltaje sacude al sector pesquero patagónico.
En medio de un feroz enfrentamiento por las desvinculaciones concretadas en la planta de Puerto Madryn, el gremio redobló la apuesta y anunció una ofensiva legal sin precedentes para frenar lo que consideran un atropello patronal, mientras la tensión escala a horas de una audiencia clave en la capital provincial.
El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) asistirá este miércoles al mediodía a la sede de la Secretaría de Trabajo en Rawson para la tercera instancia de conciliación. El gremio volverá a reclamar la inmediata reincorporación de los 39 empleados cesanteados por el Grupo Conarpesa, a la espera de que el organismo resuelva la impugnación presentada por la firma contra la conciliación obligatoria.
Ofensiva penal, vía laboral y la polémica por los 85 obreros de temporada
El secretario general del STIA, Luis Núñez, remarcó en declaraciones radiales que las desvinculaciones fueron totalmente arbitrarias y tomadas de forma apresurada antes de determinar responsabilidades reales. Ante este panorama, el sindicato contrató a un penalista especializado para defender a los denunciados y alista demandas en la Justicia laboral para restituir a los cesanteados, enfatizando que muchos de ellos ni siquiera estaban en el lugar al momento de los incidentes en Puerto Madryn.
Asimismo, la cúpula sindical advirtió que el conflicto salpica de lleno a 85 trabajadores de temporada. Desde la visión del gremio, la conciliación dictada debía retrotraer la situación al estado previo a las expulsiones. Si la autoridad laboral rechaza la impugnación de Conarpesa, la pesquera estará obligada a reincorporar al personal; de lo contrario, el litigio se trasladará directamente a los tribunales.
El origen del conflicto: cambio de fechas, desvíos de producción y acusaciones
La controversia se originó cuando la compañía modificó de manera unilateral la fecha de ingreso del personal de temporada y, posteriormente, echó a 39 operarios adjudicándoles anomalías dentro del establecimiento fabril. Desde el STIA insisten en que no existen pruebas contundentes y recriminan que se ejecuten despidos antes de que la Justicia determine la existencia de algún delito.
Sumado a los despidos, Núñez volvió a cargar contra la empresa por incumplir compromisos laborales preexistentes y por trasladar la materia prima fuera del territorio de Chubut para su descarga, un factor que agudiza la brecha entre las partes antes de la cumbre en Rawson.