El Congreso de la Nación se prepara para un debate de máxima tensión institucional que promete sacudir los cimientos del área de seguridad nacional.
En un encuentro rodeado de absoluto hermetismo, la comisión parlamentaria encargada de auditar los sótanos de la democracia tomó una decisión drástica que pone bajo la lupa el funcionamiento de los servicios secretos y las nuevas atribuciones de los agentes de inteligencia en territorio argentino.
El debut de Pareja y la fecha clave para Cristian Auguadra
Bajo la presidencia debutante de Sebastián Pareja, la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia sesionó a puertas cerradas en el Congreso nacional. En este cónclave de alta tensión, los legisladores resolvieron por consenso citar formalmente para fines de agosto al secretario de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, un funcionario clave que responde de manera directa al asesor presidencial Santiago Caputo.
La citación busca que el jefe de los espías dé explicaciones urgentes sobre el rumbo de su gestión. A través de altas fuentes parlamentarias, sobre Auguadra pesan graves cuestionamientos debido a su prolongado silencio ante los requerimientos legislativos escritos y el previo rechazo del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) por parte de la comisión cuando esta era liderada por el senador Martín Lousteau.
Alerta por el DNU que otorga facultades extremas de detención
El principal eje de preocupación y conflicto gira en torno al polémico DNU 941/2025, firmado a fines del año pasado y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. Este decreto reescribe la Ley de Inteligencia y dota a los espías de facultades extraordinarias que les permiten aprehender a ciudadanos de a pie en supuestos casos de flagrancia o por requerimiento de la justicia.
«Incluso el decreto habilitaría a las Fuerzas Armadas a intervenir. Queremos saber qué están haciendo», advirtieron con suma preocupación fuentes de Unión por la Patria a la citada fuente periodística. La medida del Poder Ejecutivo cosechó en su momento duras críticas de casi todo el arco político, incluyendo al PRO liderado por Mauricio Macri, y motivó una ola de amparos judiciales que, sin embargo, terminaron siendo rechazados en los tribunales al no detectarse amenazas explícitas y consumadas a las libertades individuales.
Valijas con micrófonos, millones de dólares y cambios bajo sospecha
La convocatoria de agosto no solo abordará el polémico decreto. Los legisladores opositores Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi impulsaron dos pedidos de informes sumamente sensibles que profundizan el estado de sospecha sobre la SIDE:
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El escándalo de las valijas de espionaje: Tras un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en Mendoza y en un domicilio del exclusivo barrio porteño de Palermo Chico perteneciente a Facundo Leal (ex titular de ARSAT y del ORSNA), la Policía Federal secuestró USD 2,4 millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y una valija profesional acondicionada con 19 dispositivos de espionaje de última generación. Los diputados de UxP exigen que la comisión oficie al juez federal Lino Mirabelli para conocer a quiénes se estaba vigilando ilegalmente desde una de las cajas de infraestructura más críticas del Estado.
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Designaciones en las sombras: El segundo pedido exige aclarar la presunta incorporación informal de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero, una designación que extrañamente aún no ha sido oficializada en el Boletín Oficial.