Un verdadero terremoto político y judicial sacude a la provincia tras destaparse una pesada e inédita trama de coacciones, operaciones mediáticas y ataques personales.
La grave situación fue sacada a la luz mediante una formal presentación ante el procurador general Jorge Miquelarena, firmada de manera conjunta por la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, y la procuradora fiscal María Cecilia Bagnato. Las funcionarias expusieron estar sufriendo una violenta, sistemática y coordinada campaña de hostigamiento con el único objetivo de quebrar su independencia, forzar su alejamiento y garantizar la impunidad de los acusados por presunta defraudación y balances falsos en la Mutual Aonikenk: Jorge Vernengo, Graciela Warrel y Carlos Moraga. La investigación penal de este complejo entramado de poder quedó en manos del jefe de la Unidad Anticorrupción, Lucas Papini.
Aprietes a testigos, peritos desplazados y la sombra del abogado Gerosa Lewis
Según la denuncia penal, el hilo conductor de la embestida es el conocido abogado cordillerano Ricardo Gerosa Lewis. Desde el inicio de la pesquisa por el fraude en la Mutual Aonikenk se registraron graves e irregulares intentos de injerencia. El propio imputado Vernengo intentó pactar una reunión privada con la fiscal Bagnato, pero ante su tajante negativa, contactó a una contadora del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración que participó en los allanamientos; insólitamente, la perito sugirió no revisar los balances —prueba central del delito—, por lo que debió ser desplazada inmediatamente para preservar la objetividad del proceso.
La violencia institucional también alcanzó a la testigo clave Estefanía Peloff, quien alertó sobre los manejos financieros fraudulentos y la circulación de dinero en negro. Peloff fue perseguida laboralmente hasta ser despedida de la Cooperativa 16 de Octubre y luego increpada en una reunión por el Consejo de Administración —donde estuvo presente Martín Iturburu Moneff, abogado de la entidad y exsocio de Gerosa Lewis por casi tres décadas— para que mintiera y dijera que las cuentas estaban en orden, obligando a la Fiscalía a solicitar medidas de protección urgentes y la prohibición de acercamiento. Este feroz nivel de amedrentamiento provocó que varios asociados amenazados con perder préstamos retiraran su apoyo a la causa. Asimismo, la presión escaló al ámbito familiar directo: Daniel Sandoval, querellante y abogado de Martín Sandoval (esposo de Bottini), le transmitió una advertencia expresa de Gerosa Lewis asegurando que «se iban a llevar puestas a su esposa y a Bagnato por el caso de la cooperativa».
Operaciones mediáticas, extorsión y sospechas sobre la corporación judicial
La presentación señala de forma directa al portal Chubut Online, propiedad de Juan Zuoza con asesoramiento de Gerosa Lewis, y al programa radial de María Elena Paggi, acusándolos de utilizar los medios como un mecanismo extorsivo, de persecución y violencia de género institucional patriarcal para desprestigiar a las magistradas. Las agresiones incluyeron la siembra de dudas falaces sobre capacitaciones pagadas en un 95% del bolsillo de las propias fiscales, burlas a fallos inéditos, la difusión fuera de contexto de fotos institucionales y la divulgación de supuestos chats privados para instalar que a Bottini la «manejaba» su esposo, vulnerando su vida privada e integrando un acoso incesante que incluyó el envío de informes difamatorios por WhatsApp a teléfonos de letrados y magistrados. Desde que el Superior Tribunal de Justicia anuló los sobreseimientos y ordenó elevar la Causa Aonikenk a juicio, el ataque recrudeció fuertemente.
Las denunciantes también advirtieron sobre graves irregularidades dentro del propio ámbito judicial. Cuestionaron al nuevo juez de la causa, Jorge Novarino, por reabrir planteos defensivos ya resueltos en un claro abuso de autoridad que busca generar sobreseimientos impunes, llegando al extremo de fijar una audiencia para «disciplinar» a Bottini. Paralelamente, mientras se remitían copias al juez federal Guido Otranto por presunta evasión y lavado de activos, el imputado Vernengo exhibió fotos cenando con dicho magistrado. A esto se suman las sospechas sobre el fiscal general Martín Robertson, quien admitió mantener conversaciones sobre «temas sensibles» con Gerosa Lewis, fue visto ingresando a su estudio jurídico y participó en la presentación exclusiva de su libro junto a los sospechados. Bottini y Bagnato concluyeron que se enfrentan a un peligroso lobby político y económico financiado con fondos de la Cooperativa que busca perpetuar privilegios ilícitos, exigiendo protección integral para sus vidas, sus equipos y los testigos.