En la previa de una jornada de protesta nacional que amenaza con dejar las aulas vacías en todo el país, la tensión entre el Poder Ejecutivo y los gremios llegó a un punto crítico.
La cartera conducida por la ministra Sandra Pettovello activó los protocolos legales y ratificó la obligación de cumplir de manera estricta con una cobertura mínima del 75% del servicio en cada establecimiento educativo. La drástica medida busca frenar el impacto de la huelga anunciada y asegurar que millones de alumnos mantengan el dictado de clases regular.
La intimación oficial y el despliegue de inspecciones nacionales
El pronunciamiento se formalizó a través de la Secretaría de Educación, bajo el mando de Carlos Torrendel, amparándose en la Ley 27.802 que declara formalmente a la educación como un servicio esencial. Las autoridades nacionales se reunieron dentro del marco del Consejo Federal de Educación junto a las carteras de las distintas provincias para coordinar un esquema unificado de controles y supervisar el nivel de acatamiento a la norma durante la jornada de huelga impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).
Desde el Ministerio de Capital Humano argumentaron que la supervisión estatal busca preservar de manera prioritaria el derecho de los estudiantes a aprender, brindando previsibilidad y certidumbre a las familias argentinas frente al reclamo sindical.
Reclamos de CTERA y el impacto en el regreso a las aulas
La protesta convocada por el gremio CTERA comprende una medida de fuerza por 24 horas que afectará los niveles inicial, primario y secundario en todo el territorio nacional. El conflicto coincide de lleno con el calendario escolar previsto para el reinicio de las actividades tras el receso invernal en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.
A la medida se sumaron otros sectores gremiales como la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). Entre los principales reclamos que motivaron el paro, las organizaciones señalan la falta de apertura de negociaciones paritarias salariales por parte del Gobierno, la restitución inmediata del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un incremento sustancial en las partidas presupuestarias destinadas a la infraestructura de los establecimientos y programas educativos.