El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación consolida el desfinanciamiento en el sector de la ciencia, la tecnología y la educación superior.
Mientras organismos como el CONICET, el INTA y el INTI enfrentan caídas reales y nominales en sus partidas, el Consejo Interuniversitario Nacional advierte que los fondos previstos para las casas de altos estudios están $4 billones por debajo de las necesidades del sector.
El Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo nacional formaliza la continuidad de la pauta de austeridad fiscal sobre el sistema científico y universitario del país. La iniciativa parlamentaria consolida una matriz de restricción presupuestaria sobre sectores que acumulan un severo deterioro en sus partidas operativas y salariales.
De acuerdo con el texto del proyecto, los organismos centrales del sistema de ciencia y tecnología —entre los que se encuentran el CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i— recibirán partidas calculadas con una previsión inflacionaria oficial del 18% para 2027. De no cumplirse la pauta del Gobierno, las instituciones volverán a registrar una pérdida neta en términos reales, sobre un esquema que arrastra una caída acumulada del 35% desde diciembre de 2023.
Recortes nominales en el INTA y el INTI
La situación del desarrollo tecnológico e industrial presenta números de mayor gravedad en términos absolutos. Para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Presupuesto 2027 proyecta una quita nominal del 12,4%, lo que se suma al recorte acumulado en términos reales que ya supera el 43%.
Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) sufrirá una reducción nominal del 5,2% de sus partidas. El organismo fabril atraviesa una caída ejecutiva del presupuesto y una contracción de recursos reales que bordea el 49% respecto del inicio de la gestión libertaria, acompañada por una progresiva pérdida de personal.
Brecha de $4 billones con las universidades y controversia por la autonomía
En el apartado correspondiente a la educación universitaria, la administración nacional asignó una partida global de $7,34 billones. La cifra se ubica distante de los más de $11 billones requeridos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento operativo, las tareas de investigación y el sostenimiento salarial en las unidades académicas de todo el país.
A la diferencia de recursos se suma la tensión institucional generada por el Capítulo II del proyecto. La normativa busca exigir a las casas de altos estudios el detalle explícito del destino de sus fondos ante el Ministerio de Capital Humano, al tiempo que faculta al Poder Ejecutivo a suspender la transferencia de partidas en caso de incumplimiento.
Frente a esta cláusula, las autoridades universitarias advirtieron sobre una potencial vulneración de la autonomía consagrada por la Constitución Nacional, al tiempo que reclamaron la plena aplicación de la vigente Ley de Financiamiento Universitario en un contexto de creciente conflictividad gremial y académica.