Juan Pablo Luque propuso recategorizar las arenas silíceas de Chubut para abastecer a Vaca Muerta y potenciar el empleo.
El diputado nacional Juan Pablo Luque planteó ante especialistas del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) la necesidad de modificar la categorización actual de las arenas de fractura en la provincia del Chubut. El objetivo central de la iniciativa es impulsar su desarrollo productivo a gran escala, transformando un recurso que hoy se explota casi exclusivamente para la construcción en un insumo estratégico para la industria hidrocarburífera.
Ventaja logística y reducción de distancias
Durante su exposición en el Congreso, el legislador explicó que las yacimientos chubutenses poseen la calidad requerida a nivel internacional —con un alto contenido de cuarzo que otorga la dureza necesaria— para ser utilizados en la estimulación de pozos no convencionales en Vaca Muerta.
Actualmente, el principal abastecedor de este insumo es la provincia de Entre Ríos, desde donde los camiones deben recorrer unos 1.200 kilómetros hasta los yacimientos neuquinos. En contraposición, Luque remarcó que el material disponible en el valle chubutense —con epicentro en zonas como Dolavon— acortaría el trayecto terrestre a unos 900 kilómetros, generando una ventaja competitiva y logística clave para la región.
Nosotros deberíamos ser protagonistas de este agregado de valor y el desarrollo de esta industria en la provincia porque el recurso lo tenemos, sostuvo el diputado, reclamando una mayor intervención y planificación estatal.
Un mercado en expansión hacia 2030
El proyecto apunta a que Chubut no se limite a la extracción de materia prima, sino que incorpore valor agregado en las etapas de procesamiento y transporte. Según las proyecciones presentadas, se estima que hacia 2030 la demanda de arena de fractura trepará hasta los 14 millones de toneladas anuales, lo que triplicaría los requerimientos actuales y movilizaría una cifra cercana a los 15.000 camiones mensuales hacia Neuquén.
Frente a este escenario, Luque solicitó el asesoramiento técnico del SEGEMAR para evaluar una modificación en la clasificación legal del recurso —hoy catalogado como de tercera categoría—, de modo que pueda recibir un tratamiento industrial e institucional acorde a su rol estratégico en la cadena de valor energética del país.