El escenario político y económico volvió a sacudirse violentamente tras el lanzamiento de una propuesta legislativa de alto impacto.
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un controvertido proyecto de ley orientado a gravar las transferencias internacionales de fondos fuera del país, una jugada que promete encender un feroz debate en la Cámara Baja e impactar de lleno en el movimiento de divisas, bonos y activos digitales.
Las claves del nuevo tributo: alícuota del 3% y recargo a paraísos fiscales
La iniciativa busca consagrar formalmente el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital. El tributo fijará una alícuota base del 3% sobre toda transacción que concrete la salida efectiva de fondos del territorio nacional, aplicable tanto de forma directa como indirecta sobre divisas, valores negociables o activos virtuales. Asimismo, el esquema suma un recargo adicional con una alícuota suplementaria del 2% cuando el destino final de los recursos sea una jurisdicción considerada de baja o nula tributación.
En palabras del propio líder de La Cámpora, la salida no compensada de riqueza afecta gravemente el patrimonio del país: «Cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana». Bajo esta premisa, la norma pretende actuar como una herramienta de compensación financiera frente a la constante fuga de divisas que vacía las reservas del Banco Central, desfinancia las arcas del Estado y profundiza las desigualdades económicas.
¿A dónde irá el dinero? El reparto multimillonario que busca rearmar a las provincias
El aspecto más llamativo del proyecto radica en su potencial recaudatorio y en el esquema de distribución de los fondos, estimado de manera preliminar en al menos 2,89 billones de pesos —un monto que equivale a multiplicar por diez el total de transferencias de capital enviadas a las provincias durante 2025—. Esta inyección presupuestaria cobra relevancia al constatar que entre 2023 y 2025 los giros automáticos hacia las jurisdicciones provinciales y municipales cayeron un 8,4% en términos reales, mientras que los envíos no automáticos destinados a obra pública y asistencia social sufrieron un colapso del 72,8%.
Para revertir esta pérdida de recursos territorial, el texto establece un reparto estrictamente asignado:
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60% para provincias y municipios: destinado a obras de infraestructura vial, hospitalaria, educativa, de vivienda y a la recomposición salarial de docentes y trabajadores de la salud.
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10% para salud y discapacidad: enfocado en programas de contención e infraestructura de asistencia.
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10% para educación: con destino al fortalecimiento del sistema educativo nacional.
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10% para jubilaciones y pensiones: orientado a reforzar los haberes del sistema previsional.
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10% para PAMI: dedicado a la compra de medicamentos y mejoras en la atención médica de los afiliados.
Por último, el legislador aclaró que el impuesto deja al margen el ahorro de la gente común: no afectará la tenencia de dólares de los argentinos, no gravará el consumo ni la inversión productiva interna, y excluirá a las importaciones genuinas, trazables y documentadas, así como a las operaciones con Cedears, bonos o dólares mientras los activos permanezcan depositados en la Argentina.