El Consejo Directivo del organismo impulsó la exoneración de Virginia Aparicio, investigadora del proyecto internacional Sprint. Gremios y funcionarios bonaerenses denunciaron censura a la ciencia pública.
Una intensa controversia sacude al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) luego de que su Consejo Directivo avanzara en la exoneración de Virginia Aparicio, la principal investigadora en materia de agrotóxicos del organismo. La sanción administrativa contempla su despido inmediato y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos en el Estado nacional.
La medida disciplinaria se produce tras el informe presentado por la especialista en Bélgica en el marco del proyecto internacional Sprint, una investigación financiada por la Unión Europea para evaluar el impacto de los agroquímicos en el cuerpo humano y el medio ambiente.
Reveladores datos sobre presencia de agroquímicos
Los resultados del estudio colocaron a la Argentina como el país con mayor presencia de estos compuestos químicos entre todos los participantes internacionales del programa.
Entre las cifras más alarmantes del informe encabezado por la científica con más de dos décadas de trayectoria en el INTA se destacan:
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Presencia en humanos: El 86,1% de los voluntarios argentinos testeados presentó glifosato en el organismo.
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Muestras de materia fecal: Se detectó la presencia del herbicida en el 100% de los análisis realizados en la provincia de Buenos Aires.
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Contaminación ambiental: Se hallaron de 10 a 28 plaguicidas en fuentes de agua de superficie, de 6 a 22 en alimentos de consumo diario y entre 43 y 86 agroquímicos en el polvo del hogar.
Las tensiones internas dentro del INTA comenzaron a mediados de 2023, cuando las autoridades decidieron suspender la difusión institucional de los avances del estudio y retiraron formalmente a la Argentina del proyecto Sprint. Fuentes del sector apuntaron a presiones por parte de entidades del campo y corporaciones agroindustriales.
Sumario y acusaciones de censura científica
En 2025, el Gobierno nacional reactivó el proceso sumarial contra Aparicio. Entre las imputaciones figura un presunto «perjuicio a la administración nacional» —motivo cuestionado por la comunidad académica al tratarse de una investigación con financiamiento externo— y su negativa a entregar los datos personales de los voluntarios participantes, resguardados bajo un acuerdo de confidencialidad médica e institucional.
La avanzada punitiva generó el repudio directo de sectores políticos, gremiales y científicos. La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, reclamó frenar la medida y acusó a la conducción del INTA de “perseguir la ciencia”.
En la misma línea, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, junto a representantes de los sindicatos del sector científico y estatal, coincidieron en que la desproporción del castigo intenta establecer un precedente de amedrentamiento y censura sobre las investigaciones públicas de impacto ambiental en el país.