La situación judicial del exjefe de Gabinete se complica a pasos agigantados. Tras la presentación del escrito con el que intentó justificar la evolución de sus bienes, el fiscal federal Gerardo Pollicita comenzó a desmenuzar en detalle cada una de sus explicaciones.
Lejos de dar por cerrado el expediente por presunto enriquecimiento ilícito, la Fiscalía alista un nuevo paquete de medidas de prueba e investiga severas inconsistencias que podrían derivar de manera inminente en una citación a declaración indagatoria.
Sombras sobre US$ 600.000, bitcoin sin declarar y un desfasaje de $43 millones
Pollicita solicitará nuevas diligencias al juez federal Ariel Lijo luego de terminar de evaluar el caso. Aunque la defensa del exfuncionario de Javier Milei, liderada por el abogado Matías Ledesma, sostuvo que el descargo despeja las 20 dudas planteadas por los investigadores, el dictamen fiscal apuntará a verificar la veracidad de los datos presentados. En su escrito, Adorni negó haber incurrido en delitos y afirmó que su evolución patrimonial entre diciembre de 2023 y su salida de la función pública en junio de este año encuentra «sustento razonable». Sin embargo, el fiscal remarcó una brecha de más de $43 millones entre sus ingresos y los gastos familiares junto a su esposa, Bettina Angeletti —quien reorientó su perfil profesional en medio del escándalo—, diferencia que la defensa tildó de simple «brecha residual».
El punto más complejo y sensible de la pesquisa está radicado en la justificación de casi US$ 600.000 en efectivo que no figuraban en sus declaraciones previas. Para respaldar ese dinero y su elevado nivel de vida, el exjefe de Gabinete sostuvo que realizó compras «fuertes» e informales de bitcoin entre 2014 y 2018 de manera presencial en lugares públicos, operando mediante ocho billeteras virtuales fuera del sistema bancario para resguardarse del contexto político.
Las severas contradicciones que acorralan al exjefe de Gabinete
Pese al intento de justificación, la versión de Adorni quedó seriamente acorralada por sus propias declaraciones públicas y por pruebas informáticas. Registros de charlas que el propio exfuncionario brindó en los años 2020 y 2022 revelan que en ese entonces aseguraba no tener conocimientos profundos sobre criptomonedas ni haber realizado inversiones en ese mercado.
A esta fisura argumental se suman peritajes sobre las billeteras virtuales que revelan transferencias registradas en fechas donde afirmó estar fuera del país, lo que desmentiría de forma tajante la hipótesis de las compras presenciales. Ante las sospechas por el súbito cambio en su estilo de vida desde que asumió el cargo público, el exfuncionario argumentó que junto a su esposa decidieron «vivir como si no tuvieran» sus millonarios ahorros para priorizar la educación de sus hijos y su futura jubilación. Con este panorama repleto de dudas, la Fiscalía dará pasos decisivos para esclarecer el origen de los fondos.