La Justicia de Río Negro asestó un nuevo e impactante golpe judicial contra una de las principales referentes del oficialismo nacional en la Patagonia.
El juez Cristian Tau Anzoátegui, al frente de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de Bariloche, autorizó una medida cautelar que dispone un embargo preventivo por la suma de 29.970 dólares contra la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La drástica resolución surgió a raíz de la demanda presentada por un particular que denunció serias irregularidades e incumplimientos en la entrega de un lote y en las obras de infraestructura básica del emprendimiento inmobiliario Tajamar, emplazado en el balneario de Las Grutas.
Una larga saga de reveses judiciales: sumas millonarias y afectación de la dieta
Al tratarse de una actuación en el fuero civil, la incautación sobre los bienes de la legisladora libertaria posee carácter preventivo con el objeto de resguardar el eventual resultado económico del litigio, por lo que no constituye por el momento una condena firme sobre el fondo del asunto. Sin embargo, esta decisión se suma a una extendida seguidilla de reveses en los tribunales que complican severamente la situación financiera de Villaverde por comercializaciones ligadas al mismo desarrollo urbano. Entre los antecedentes inmediatos figuran embargos previos dispuestas en 2025 por cerca de 50 millones de pesos, una retención directa sobre su dieta parlamentaria y aguinaldo por 40,5 millones de pesos concretada en diciembre pasado, y otra medida ejecutable en marzo de este año por más de 31 millones de pesos.
La defensa de la legisladora: «Me enteré por los medios y no hay condena»
Tras la masiva repercusión de la medida cautelar, la diputada nacional por Río Negro rompió el silencio ante los medios de comunicación para desmarcarse de las denuncias y bajarle el tono a la polémica. Villaverde aseguró haberse enterado del falló judicial a través de la prensa y desconoció de plano las imputaciones vertidas en su contra por parte de los compradores.
Asimismo, la legisladora remarcó de manera enfática que no existe ninguna sentencia ni condena penal o firme que la responsabilice, defendiendo al mismo tiempo la vigencia del proyecto Tajamar. En ese sentido, justificó los retrasos denunciados atribuyéndolos a dinámicas y demoras habituales del mercado inmobiliario agravadas tras la pandemia, ratificando que las obras de infraestructura continúan ejecutándose conforme a lo previsto.