La causa que investiga una millonaria maniobra de defraudación en la Armada Argentina sumó un avance clave en la Justicia Federal. El fiscal Ramiro González solicitó la realización de un peritaje informático integral con el objetivo de determinar cómo se modificaron los archivos de liquidación de haberes antes de ser enviados al Banco Nación.
La causa analiza 645 acreditaciones indebidas realizadas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto histórico que asciende a $981.148.567,88.
La hipótesis principal sostiene que los pagos no respondieron a un error sistemático, sino a una alteración manual deliberada de los registros tras la liquidación oficial. De acuerdo con las actuaciones, las modificaciones permitían desviar fondos hacia un grupo de 23 personas e integrar importes sin respaldo en los recibos de sueldo, restituyendo posteriormente los archivos a sus valores originales para eludir los controles internos.
La confesión del exjefe del Departamento Revista y el rol de familiares
Uno de los puntos centrales del expediente radica en la situación del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, exjefe del Departamento Revista, quien fue relevado preventivamente de su cargo. En el marco de la investigación administrativa previa, Atanasoff admitió su responsabilidad directa en las maniobras.
Según consta en la denuncia judicial, el exjefe declaró que las operaciones se ejecutaban de manera manual y tenían como fin «favorecer económicamente» a los beneficiarios. Asimismo, reconoció que él decidía los montos de forma unipersonal y sostuvo que «ninguna otra persona participaba junto con él en la adopción de dichas decisiones».
Entre los beneficiarios ajenos a la fuerza se destaca María del Carmen Prieto, cónyuge de Atanasoff, quien percibió $152,2 millones a través de 46 acreditaciones. En total, cuatro civiles sin relación laboral ni funcional con la institución concentraron $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total maniobrado.
Irregularidades con personal militar en el exterior
La denuncia, radicada el pasado 15 de septiembre por el jefe de Administración Financiera de la Armada, capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, detalla otras anomalías detectadas en la liquidación de personal militar.
-
Cobros durante misiones internacionales: El capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro registró acreditaciones en cuentas nacionales durante períodos en los que se encontraba destinado en el exterior, escenario que el sistema automatizado excluye de forma predeterminada.
-
Licencias sin goce de haberes: Luana Magalí Piedigrossi, cónyuge de Castro, percibió acreditaciones indebidas mientras hacía uso de licencia sin goce de sueldo.
-
Abono de suplementos no correspondidos: En febrero de 2026 se detectaron cobros indebidos de suplementos que derivaron en revisiones hacia períodos anteriores, descubriéndose pagos duplicados y transferencias a personas sin vínculo con la fuerza.
Legajos, citación de testigos y reclamos al Banco Nación
Para delimitar las responsabilidades penales y determinar la cadena de permisos en los sistemas informáticos, el fiscal González requirió a la Armada la entrega de los legajos personales completos de los imputados, el organigrama del Departamento Revista y la normativa interna de acreditación de haberes.
En paralelo, la fiscalía propuso citar como testigo al capitán de corbeta contador Mauricio Fernando Borda, jefe de la División Contabilidad Presupuestaria e integrante de la comisión que detectó los desvíos. Asimismo, se libró un oficio al Banco Nación para que remita el detalle de la totalidad de las transferencias cursadas a las cuentas de los 23 involucrados.
Pese a que diversos implicados han devuelto hasta el momento un total de $42.574.267,63, la representación fiscal remarcó que los reintegros no alteran la configuración del delito ni el monto histórico objeto de la pesquisa, que mantiene un saldo pendiente de recupero de $938.574.300,25.