En un giro decisivo para la política energética nacional, las autoridades oficiales tomaron una determinación contundente: los grandes emprendimientos industriales no podrán volcar sus elevados costos operativos sobre las boletas de luz de las familias argentinas.
A través de una nueva reglamentación, las megaempresas que requieran un flujo eléctrico masivo deberán autogestionarse y conseguir sus propias fuentes de abastecimiento sin poner en riesgo las reservas del sistema.
Un nuevo marco regulatorio para frenar distorsiones tarifarias
La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó la Resolución 264/2026, una disposición que da nacimiento al denominado Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM). La medida busca evitar de manera directa que la masa general de usuarios de red termine amortizando financieramente los requerimientos energéticos de desarrollos comerciales o industriales de gran escala.
Esta iniciativa profundiza la senda de reordenamiento del sector público iniciada con la Resolución 400/2025. La premisa del plan es simple: que cada megaproyecto opere bajo su propio riesgo comercial, resguardando el servicio prioritario para los hogares, los pequeños comercios, las pymes y la industria instalada previamente.
Exigencias estrictas, porcentajes mínimos y prioridad para los vecinos
El esquema normativo alcanza específicamente a las nuevas inversiones o ampliaciones de plantas operativas que representen al menos un 0,5% de la demanda media del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), lo que equivale en la actualidad a unos 80 MW.
A pesar de que cada firma mantiene total libertad para elegir la tecnología y el proveedor de energía que considere conveniente, la norma impone condiciones operativas ineludibles:
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Cobertura de consumo: Deberán respaldar como mínimo el 80% de su consumo mensual mediante contratos de nueva generación.
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Potencia firme: Estarán obligados a contar con potencia firme garantizada por el 100% de su demanda máxima.
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Centros de datos: En el caso particular de los data centers, la exigencia de potencia firme se incrementa al 115%, dada la continuidad ininterrumpida y alta sensibilidad de sus operaciones informáticas.
En escenarios críticos de escasez o emergencias energéticas, la regulación establece de manera tajante que el suministro de los usuarios residenciales y comercios locales tendrá prioridad absoluta por sobre aquellas grandes demandas que carezcan de un respaldo suficiente para autoabastecerse.