Un grave frente judicial acorrala al exdiputado nacional Emiliano Estrada.
La Justicia federal puso bajo la lupa al exlegislador por el presunto desvío de recursos estatales y el uso de empleados del Congreso de la Nación para orquestar y ejecutar una agresiva campaña de difamación en redes sociales contra empresarios, periodistas y dirigentes políticos. El expediente avanza en Comodoro Py bajo la carátula de peculado, abriendo un complejo escenario legal que salpica el uso de los fondos públicos en la política nacional.
Cuentas falsas en TikTok y uso de asesores: la grave acusación por peculado
La denuncia inicial fue promovida el 16 de enero de 2025 ante los tribunales de Comodoro Py. A Estrada se lo señala por financiar la creación y gestión de perfiles anónimos en la plataforma TikTok con dinero del erario público. A través de estos usuarios clandestinos, se habrían llevado a cabo sistemáticas «operaciones difamatorias» mediante la difusión coordinada de contenidos falsos destinados a dañar la reputación de importantes figuras del ámbito empresarial, periodístico y gubernamental.
El núcleo duro de la imputación por peculado radica en el rol que habrían cumplido dos asesores del Congreso pagados con el presupuesto legislativo. La investigación sostiene que estos funcionarios, en lugar de cumplir labores institucionales en la Cámara de Diputados, habrían sido desviados de sus funciones para diseñar, coordinar y poner en marcha la maquinaria de desprestigio en el entorno digital.
Dos frentes judiciales: el fuero federal de Casanello y la causa en Salta
Tras dirimirse varios conflictos de competencia territorial que frenaban el avance del expediente, la causa federal quedó radicada en el Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Casanello. El magistrado ya encabeza las diligencias para determinar la responsabilidad penal del exlegislador en el desvío de fondos estatales.
De manera paralela, Estrada enfrenta otro frente penal en la Justicia provincial de Salta, donde se tramita un expediente por la difusión sistemática de noticias falsas, difamatorias e infamantes contra adversarios políticos dentro de la sociedad salteña. Esta contienda jurisdiccional llegó a ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que resolvió no intervenir sobre el fondo de la cuestión por considerarla «inoficiosa», dejando firme el avance de ambas investigaciones en sus respectivos fueros.