A menos de un mes y medio de la esperada llegada del Papa León XIV a la Argentina, se encendieron todas las alarmas políticas y sociales en el Congreso Nacional.
Un masivo frente transversal compuesto por más de 140 diputados nacionales de 12 bloques distintos, junto al firme apoyo de Cáritas, la ONG TECHO y diversas organizaciones comunitarias, presentó formalmente un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares. La medida busca frenar el desfinanciamiento drástico de las obras de urbanización e infraestructura básica, en un contexto alarmante donde la pobreza trepó al 30% en el primer trimestre de 2026 y alcanzó el 32,3% en el primer semestre del año.
La controversia estalló al revelarse que el proyecto del Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo destina exactamente cero pesos para la continuidad de estas tareas esenciales. Frente a esta situación límite, la iniciativa busca prorrogar por diez años la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los 6.467 barrios populares registrados en el país, donde habitan más de cinco millones de personas, entre las cuales figuran cerca de 1,7 millones de niñas y niños.
Un proyecto transversal para rescatar el financiamiento socio-urbano
La propuesta legislativa establece un esquema de financiamiento blindado y progresivo con el objetivo de asegurar el acceso a servicios esenciales como agua potable, red cloacal, energía eléctrica segura y regularización dominial. Para ello, exige un piso presupuestario equivalente al 0,0375% del PBI durante el año 2027, estipulando un incremento escalonado hasta el año 2036. Asimismo, impone la recuperación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) como la herramienta financiera clave para sostener las ejecuciones en el territorio.
El reclamo congregó un respaldo político e institutional sin precedentes con legisladores de 11 provincias. La lista de oradores estuvo encabezada por Monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina. La firma del documento unió a referentes de diversos sectores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Araceli Ledesma, líder de Desarrollo Comunitario de TECHO y referente del barrio Lagomarsino de Pilar.
Escándalo por el Presupuesto 2027: duras críticas por la falta de partidas
La presentación coincide con el décimo aniversario de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Sin embargo, el centro de los cuestionamientos apunta de lleno al borrador del Presupuesto 2027. Según denunció la dirigencia social, el texto oficial margina por completo la inversión en integración socio-urbana.
Juan Maquieyra, director ejecutivo de TECHO Argentina, remarcó con crudeza la gravedad de la omisión: «No es una propuesta contra el Gobierno, es a favor de un millón y medio de chicos». El referente enfatizó que la urbanización básica «implica hacer las obras correspondientes para que haya agua, cloacas, electricidad en los barrios populares» y advirtió que se está destruyendo una política pública que ostentaba un amplio consenso social y político. «El medio millón de niños y niñas de los barrios vulnerables hoy está recibiendo un mensaje por parte de la política argentina que los mira y les dice: ‘agua potable y electricidad de forma segura para vos no hay y la posibilidad de ir al colegio cuando llueve tampoco’ […] ¿Y sabés cuánto vamos a invertir en ustedes si el Presupuesto sale como está?, cero», fustigó.
Maquieyra reveló además que intentó trasladar la preocupación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, durante una reunión del Consejo Asesor de Políticas Sociales. La respuesta oficial fue que el área de vivienda no forma parte de la órbita de dicha cartera. «Si bien eso es real en términos operativos, no es real en términos de política social. La postura nuestra es que no se puede tener una política de desarrollo robusta si no tenés una política de vivienda robusta», replicó. Por su parte, el diputado de Unión por la Patria, Itai Hagman, sentenció: «La urbanización de los barrios populares era una de las pocas políticas de Estado que teníamos en Argentina y este gobierno la destruyó. Por lo tanto, tenemos que recuperarla trabajando con unidad, amplitud y sentido común».