Los ocho artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos invocados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner.
En su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los letrados de la exmandataria argumentaron la vulneración de garantías procesales y políticas en el marco de la Causa Vialidad. La denuncia detalla presuntas violaciones vinculadas al derecho a un juicio justo, la falta de imparcialidad y la proscripción electoral.
Detalle de los artículos invocados en la presentación judicial
La estrategia legal fundamenta el reclamo internacional en ocho puntos específicos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
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Artículo 25 (Derecho a votar y ser elegido): Cuestiona la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla una restricción indebida de los derechos políticos y una maniobra de proscripción electoral.
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Artículo 14 (Derecho a un juicio justo): Señala la atribución de responsabilidades por actos administrativos ajenos a la órbita constitucional de la Presidencia basándose en el Decreto 54/2009.
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Artículo 14.1 (Tribunal competente, independiente e imparcial): Objeta la asignación de expedientes mediante presuntas maniobras de manipulación (forum shopping) y denuncia vínculos entre magistrados, fiscales y sectores de la oposición política.
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Artículo 14.2 (Presunción de inocencia): Afirma la vulneración de esta garantía tras registrarse una presunta presunción sistemática de culpabilidad durante el proceso.
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Artículo 14.3 (Tiempo y medios para preparar la defensa): Denuncia limitaciones materiales e instrumentales debido a la incorporación de elementos probatorios procedentes de otros expedientes sin margen de contradicción efectiva.
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Artículo 14.5 (Revisión de la condena por un tribunal superior): Argumenta que las instancias de alzada, especialmente la Cámara de Casación, omitieron un examen exhaustivo de los planteos defensivos.
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Artículo 14.7 (Principio ne bis in idem): Sostiene que se juzgó doblemente a la imputada por los mismos hechos, al advertir que 49 de las 51 obras investigadas ya contaban con sobreseimientos o archivos previos firmes.
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Artículo 2.3 a) y b) (Derecho a un recurso efectivo): Denuncia la inexistencia de una vía judicial idónea en el fuero local, agravada por la conformación de la máxima instancia para garantizar un tratamiento independiente.