La Fiscalía expuso las irregularidades de la inmobiliaria sin sede ni empleados de la familia Kirchner.
Durante las primeras audiencias del juicio unificado por las causas Hotesur y Los Sauces, la Fiscalía de Juicio conducida por Diego Velasco expuso un contundente entramado de pruebas que salpica de forma directa a la expresidenta Cristina Kirchner y a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.
Directores cruzados, poder absoluto y una firma manejada entre parientes
La acusación presentada ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 sostiene que la sociedad inmobiliaria Los Sauces S.A., fundada el 7 de noviembre de 2006 en Río Gallegos con un capital inicial de $100.000 (repartido en un 45% para Néstor Kirchner, 45% para Cristina y 10% para Máximo), funcionó mediante órganos sociales «espejados» y bajo el control exclusivo de la familia presidencial o personas de su entorno más íntimo para garantizar presuntas maniobras de lavado de dinero.
Máximo Kirchner ejerció la presidencia del directorio desde la conformación de la firma, adquiriendo a partir de 2009 poderes especiales otorgados por sus padres para votar por unanimidad la aprobación de balances, compras de bienes y contratos de arrendamiento.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, su hija Florencia Kirchner ingresó al directorio en 2012 como vicepresidenta, mientras que en 2015 la presidencia de la firma quedó a cargo de Romina de los Ángeles Mercado,sobrina de la exmandataria e hija de Alicia Kirchner. La Fiscalía determinó que esta estructura de extrema confianza resultó imprescindible para suscribir los alquileres y manejar los flujos de dinero provenientes de firmas vinculadas a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin empleados, sin sede social y alquileres a empresarios amigos
Uno de los aspectos más escandalosos revelados durante el debate oral radica en las insólitas condiciones operativas de la inmobiliaria. Según la investigación judicial, la firma carecía de una sede comercial real donde desarrollar sus actividades.Los tres domicilios declarados en los papeles oficiales correspondían en la práctica a un estudio contable, al domicilio particular de Máximo Kirchner y al despacho del contador Víctor Manzanares, sin contar con la infraestructura ni el equipamiento característico de una empresa del rubro.
Entre 2006 y 2010 la compañía no registró ningún trabajador a cargo, hasta que incorporó como único empleado registrado al jardinero personal de Cristina Kirchner y, en 2015, a Florencia Kirchner, desconociéndose las funciones reales que desempeñaban.
Asimismo, la acusación remarcó que tras una larga etapa de inactividad comercial destinada únicamente a adquirir una decena de propiedades y hoteles, Los Sauces comenzó a volcar los arrendamientos directamente a las empresas de los empresarios señalados sin que los contratos fueran siquiera analizados o aprobados formalmente por el órgano de administración.