La crisis en la educación pública argentina alcanza un nuevo punto de ebullición. El personal docente y no docente de las universidades nacionales públicas inició este miércoles un nuevo paro nacional de 72 horas que paralizará las actividades en todo el país.
La contundente medida de fuerza, que cuenta con el acatamiento de todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de las demás casas de altos estudios nacionales, exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente del 33,4%.
La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, reveló el total abandono de la negociación por parte del Poder Ejecutivo: «Nadie del Gobierno se comunicó con nosotros», denunció, al tiempo que remarcó que dentro de la comunidad académica «no hay expectativas» de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa promulgada que garantiza los fondos para el funcionamiento universitario.
El Gobierno acorralado por la Justicia y con riesgo de multas
El conflicto universitario suma además un grave capítulo judicial. La semana pasada, el juez federal Diego Martín Cormick, a cargo de la causa, intimó formalmente al Gobierno nacional para que, con fecha límite al 30 de septiembre (cinco días posteriores a su notificación), liquide de manera integral el pago correspondiente a la medida cautelar.
Pese a la orden judicial, el Gobierno no respondió en tiempo y forma. Según explicó Carboni, desde los pasillos oficiales comenzó a circular el rumor de una posible apelación, aunque legalmente no existe sustento para ello: «En términos jurídicos no cabe lugar para ninguna apelación. Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar», sentenció la dirigente gremial. Hasta el momento, los trabajadores no han percibido recomposiciones reales, más allá de un exiguo 3% adicional previsto para octubre sobre los sueldos de septiembre, mientras los funcionarios nacionales mantienen un absoluto silencio.
Aulas abiertas, clases en la calle y la antesala de una marcha masiva
Frente a la falta de respuestas, las distintas agrupaciones y sindicatos docentes e interclaustros han articulado un intenso plan de lucha. La huelga de 72 horas fue votada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, sumándose a los esquemas de paros regionales y de 24 horas que llevan adelante la FATUN, ADUBA, APUBA, Feduba y la UTE en sus respectivas dependencias.
Para visibilizar la situación de ahogo presupuestario y mostrar el valor comunitario de la universidad pública, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA mantendrá sus puertas abiertas de 9 a 19 horas ofreciendo servicios gratuitos a la sociedad, como asesoramiento a emprendedores, prevención de estafas, resolución de deudas, ayuda fiscal, análisis de recibos de sueldo y eventos culturales. En la misma línea, este jueves se llevará a cabo un abrazo simbólico a la Facultad de Medicina con radios abiertas y actividades participativas.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario se remonta a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó recursos de amparo ante la negativa del Ejecutivo de ejecutar la partida presupuestaria alegando una supuesta «falta de fondos». Esta contundente medida de 72 horas es vista por todo el arco académico como la antesala directa de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el próximo jueves 15 de octubre.