El debate por la reestructuración del sistema financiero argentino alcanzó su punto de máxima tensión en la Cámara Alta.
En un clima de alta volatilidad política, las máximas autoridades monetarias del país desembarcaron en el Parlamento para defender a capa y espada una transformación profunda en las reglas del juego del organismo emisor, desatando un feroz contrapunto entre el oficialismo y la oposición.
Argumentos económicos y la promesa de terminar con la inflación
Durante un intenso plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el vicepresidente, Vladimir Werning, expusieron los fundamentos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por la gestión de Javier Milei. Bausili fue contundente al remarcar que la iniciativa surge estrictamente de fundamentos técnicos y no de conveniencias electorales: «El proyecto está disparado por argumentos económicos, no tiene un origen político».
Aunque reconoció que la normativa de la institución no debería modificarse constantemente, el titular de la entidad justificó la necesidad del cambio señalando la ineficacia del marco regulatorio vigente desde 2012. Según su visión, la norma aprobada durante el segundo mandato de Cristina Kirchner «ni siquiera pudo cumplir el objetivo número uno, que es preservar el valor de la moneda». Al revisar los cinco propósitos institucionales del organismo, enfatizó que en los últimos años no se logró alcanzar ninguno.
Asimismo, Bausili llevó tranquilidad al sistema bancario al ratificar que la propuesta «no implica afectar los depósitos de los argentinos», sino fortalecer su respaldo. Para sostener el proyecto, explicó que la medida busca imitar los esquemas de los países que vencieron la suba de precios y que «no es un experimento». En sintonía, Werning reforzó que la meta central es emular las legislaciones de las naciones con economías consolidadas.
Feroz cruce en el recinto: acusaciones de inconstitucionalidad y el apuro por el dictamen
La postura del oficialismo encontró una dura resistencia por parte de la oposición parlamentaria. El jefe de bancada del peronismo, José Mayans, abrió el turno de preguntas lanzando duras críticas al corazón del proyecto, en especial a las modificaciones sobre los mecanismos de designación y remoción de los funcionarios de la entidad. El senador formoseño tildó el texto de «inconstitucional», calificándolo como «una vergüenza para la democracia argentina» y acusando a las autoridades de poner al organismo «al servicio del poder económico».
Por su parte, el senador libertario y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, cruzó a los detractores argumentando la urgencia del tratamiento. Abdala calificó el proyecto como una pieza clave de la gestión para arrancar el problema inflacionario de raíz: «Necesitamos la aprobación para fulminar la inflación».
La tensión llegó a su clímax cuando se dispuso pasar a firma el dictamen del proyecto. Esta maniobra desató la furia de la senadora justicialista Juliana Di Tullio, quien denunció el atropello del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo: «Así es como tratan ustedes al Congreso, que es quien tiene que controlar los actos del gobierno», advirtiendo que la aprobación le quitaría al Parlamento la capacidad de supervisar el accionar del Banco Central.