Un entramado de empresas gallegas y británicas quedó en la mira de la Justicia federal argentina por explotar recursos soberanos sin autorización de nuestro país.
Según reveló el portal Pesca Chubut, un entramado de empresas gallegas y británicas quedó en la mira de la Justicia federal argentina por explotar recursos soberanos sin autorización de nuestro país. La contundente denuncia penal sacudió en las últimas horas el tablero marítimo y pesquero del Atlántico Sur, al detallar cómo siete consorcios empresariales de origen gallego (España) operan en aguas circundantes a las Islas Malvinas bajo bandera británica y mediante permisos de pesca expedidos de manera ilegítima por la administración colonial de ocupación.
La presentación judicial expone con nombre, matrícula y vínculos corporativos el esquema de captura de recursos ictícolas argentinos —principalmente calamar Illex y loligo, además de merluza negra— sin el aval de la Subsecretaría de Pesca de la Nación, violando la Ley Federal de Pesca (Ley 24.922) y el Código Penal argentino.
El entramado de las «sociedades mixtas»
De acuerdo con el documento presentado en la Justicia, las firmas europeas montaron sociedades conjuntas con empresas radicadas en el archipiélago malvinense para operar bajo pabellón británico, eludiendo controles soberanos y tributarios argentinos mientras extraen miles de toneladas de recursos pesqueros cada temporada.
Entre los principales grupos denunciados y sus respectivas embarcaciones figuran:
Lanzal: asociada a Petrel Fishing Company Ltd., operadora del buque congelador Monteferro.
Buque llamado MONTEFERRO, registrado con el número IMO 9802700, MMSI 740402000 es Fishing Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Falkland Islands. Se construyó en 2017.
Grupo Pereira: vinculado a Argos Group Ltd., con los buques Argos Cíes y Argos Berbés.
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Diseñado por los propios arquitectos navales del astillero Nodosa en cooperación con el armador del Falcon, con puerto de registro en Stanley, el nuevo arrastrero tiene una eslora total de 75 metros con una manga de 14 metros, y mide algo menos de 2000 GT para cumplir con las regulaciones que se aplican a las aguas de las Islas, donde el tonelaje es una consideración clave para la concesión de licencias.
Buque llamado ROBIN M LEE, registrado con el número IMO 8717465, MMSI 740366000 es Fishing Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Falkland Islands. Se construyó en 1989.
El Hadassa Bay ha sido construido para South Atlantic Squid, una empresa mixta entre el operador vigués Copemar en Vigo y la Beauchene Fishing Company en las Islas Falkland. Sustituye al Baffin Bay, que se convirtió en un siniestro total tras un incendio a bordo mientras estaba entre campañas en Vigo en 2020.
Bautizado con el nombre de la bahía de Port William, a las afueras de Stanley, en las Islas Falkland, el Hadassa Bay tiene una eslora total de 75,05 metros y una manga de 15,20 metros
Ferralmes: asociada a Castelo Fishing Co., a cargo del buque Castelo.
Buque llamado CASTELO, registrado con el número IMO 8605947, MMSI 740358000 es Fishing Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Falkland Islands. Se construyó en 1988.
Hermanos Touza: consorciada en Malvinas a través de Beaufort Fishing Ltd.
Moradiña: vinculada a la firma Polar Ltd., con la operación del buque New Polar.
Buque llamado NEW POLAR, registrado con el número IMO 8704779, MMSI 740372000 es Fishing Vessel. Actualmente navegando bajo bandera Falkland Islands. Se construyó en 2004.
Impacto en el sector pesquero patagónico
Desde los puertos y cámaras del litoral marítimo patagónico, incluyendo las terminales de Puerto Madryn, Rawson y Comodoro Rivadavia, se sigue de cerca la evolución del caso. La operatoria de estas flotas en la zona de exclusión unilateral impuesta por Gran Bretaña no solo representa una violación a la soberanía territorial y económica, sino también una competencia desleal y una presión biológica alarmante sobre el ecosistema marino del que dependen miles de familias y trabajadores de la estiba, marinería y plantas de procesamiento en Chubut y toda la Patagonia.
La denuncia solicita a la Justicia la apertura de una investigación formal, el libramiento de órdenes de captura internacional en caso de reiteración de ingreso sin permiso a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y sanciones directas sobre los activos de las compañías que operan de manera simultánea en aguas argentinas y en las islas bajo régimen colonial.