A diez meses del inicio del debate oral por la causa de los cuadernos de la corrupción, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) enfrenta una semana clave marcada por la reaparición de tensiones judiciales.
Tras la difusión pública de las imágenes del allanamiento realizado en 2018 en el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, las defensas y la fiscalía presentaron solicitudes de careos para confrontar versiones contrapuestas sobre el cobro de presuntas coimas y las irregularidades durante los procedimientos policiales.
Los planteos —que involucran al exfuncionario Roberto Baratta, exdirectivos del grupo Techint, efectivos policiales y al encargado del edificio de Recoleta— buscan esclarecer las diferencias testimoniales en el expediente que investiga el pago de retornos en la obra pública y las contrataciones del Estado.
El cruce por los pagos millonarios de Techint
El primer pedido de careo fue promovido por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta (ex número dos del Ministerio de Planificación). La letrada solicitó que Baratta sea enfrentado de manera directa con los exejecutivos de Techint, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta.
Ambos exdirectivos declararon en la causa haber entregado USD 1 millón en paquetes con pesos por orden del grupo empresarial, al sostener que los pagos tenían como finalidad gestionar ayuda oficial para evacuar a empleados de la compañía en Venezuela durante el proceso de nacionalización de la siderúrgica Sidor. Por su parte, Baratta rechazó las acusaciones en el recinto, negó la recepción del dinero y acusó a los ejecutivos de mentir en sus testimonios.
Contradicciones en el allanamiento a Recoleta
El segundo pedido de careo fue formulado por la fiscal Fabiana León, quien requirió confrontar los dichos de Juan Carlos Barrales, exjefe de la División Operaciones Federales a cargo del allanamiento el 23 de agosto de 2018 en la esquina de Juncal y Uruguay, con la declaración de Julio Silva, encargado histórico del inmueble.
“Solo uno puede estar diciendo la verdad”, sostuvo la fiscal León.
Las contradicciones centrales entre ambos testimonios abarcan los siguientes puntos:
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Presiones del juez: Silva declaró en mayo que escuchó al comisario hablar con el fallecido juez Claudio Bonadio y recibir la indicación de quedarse en el lugar «hasta encontrar algo». Barrales negó haber recibido gritos del magistrado y dijo no recordar la presencia del encargado durante esa conversación.
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Declaración judicial: Silva afirmó ante el Tribunal que en 2018 firmó su acta «sin leer» debido a que se sintió presionado por los efectivos.
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Movimientos de dinero: El encargado negó haber observado movimientos de bolsos en el edificio, en contraposición a la hipótesis fiscal que sostiene que en esa propiedad se realizaron 87 entregas por cerca de USD 70 millones.
La audiencia donde declaró Barrales incluyó además un cruce entre la fiscalía y el abogado defensor Carlos Beraldi, quien objetó la exhibición audiovisual del interior del inmueble por considerar que violaba la intimidad de la expresidenta. Los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero autorizaron la proyección de las imágenes por decisión de la mayoría.
Testimonios pendientes: el caso de Miriam Quiroga y Paolo Rocca
A la espera de la resolución sobre los careos, los magistrados deberán decidir si citan a testigos que presentaron justificativos de salud para ausentarse del proceso:
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Miriam Quiroga: La exsecretaria de Néstor Kirchner denunció públicamente en 2013 la supuesta circulación de bolsos con dinero. Tras su inasistencia, el TOF 7 ordenó peritajes médicos: mientras que un informe concluyó que se encuentra en condiciones de declarar vía remota, un análisis del Cuerpo Médico Forense desaconsejó su exposición.
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Paolo Rocca: El CEO de Techint —quien fue sobreseído durante la etapa de instrucción— evitó comparecer mediante certificado médico. La defensa de Baratta insiste en su citación presencial como testigo para confrontar las versiones brindadas por Betnaza y Zabaleta sobre los pagos atribuidos al holding.