El sindicalista y exdiputado Facundo Moyano fue imputado por el delito de desobediencia tras ser acusado de haber violado la orden de restricción de acercamiento hacia la modelo Candela Arizaga.
La medida judicial fue dispuesta por la fiscalía interviniente al considerar que existen elementos suficientes para sostener que ambos se habrían reunido en un hotel del centro porteño, a pesar de las limitaciones perimetrales vigentes en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
La imputación surge a solo 48 horas de que un informe preliminar indicara que no había sido «posible reconstruir» el presunto encuentro mediante el análisis de fuentes abiertas. Sin embargo, fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la representación fiscal reevaluó los elementos recolectados y resolvió formalizar la acusación por incumplir las medidas cautelares.
La inspección en el Aira Apart Hotel y las pruebas audiovisuales
El foco de la investigación se centra en la presunta estadía coincidente de ambos en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538. De acuerdo con las tareas de análisis realizadas por los investigadores, se constató que el gremialista se alojó en la habitación 603 del establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.
Durante el procedimiento llevado a cabo la tarde del martes 15 de septiembre, el personal de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad y del Ministerio Público Fiscal fue recibido por el personal del hotel, que entregó de manera voluntaria el grabador de video digital (DVR) del complejo. El dispositivo fue remitido a la sede del Gabinete Multimedia en la calle Chacabuco al 151 para realizar los peritajes técnicos sobre las cámaras de seguridad.
El pedido de la defensa ante el riesgo de detención
El delito de desobediencia implica una falta grave dentro del cuadro cautelar que pesa sobre el dirigente, ya que el incumplimiento reiterado de las órdenes judiciales de no acercamiento puede derivar en la revocación de la libertad y el dictado de la prisión preventiva.
Ante este escenario, la representación técnica del exlegislador buscó neutralizar el avance de la causa. El abogado defensor Miguel Molina solicitó formalmente este jueves que se dejen sin efecto las medidas restrictivas impuestas a su asistido. En su presentación ante la Justicia, el letrado requirió que, en caso de un fallo adverso, se ordene suspender cualquier resolución hasta tanto «se garantice el derecho de ser oído» de su cliente en audiencia presencial.