El oficialismo en la Cámara de Senadores se vio obligado a ceder terreno en un movimiento político determinante para destrabar el avance parlamentario del denominado «Súper RIGI».
A través de intensas negociaciones encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, la bancada oficialista aceptó introducir modificaciones sustanciales al proyecto acordadas con la UCR, el PRO y distintas fuerzas provinciales.
Esta sorpresiva jugada legislativa rompió con la pretensión original de la Casa Rosada de aprobar la norma a libro cerrado. Al modificarse el texto en la Cámara Alta durante el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General —presididas por Agustín Monteverde, Martín Goerling Lara y Nadia Márquez—, la iniciativa deberá volver de manera inevitable a la Cámara de Diputados para su revisión final.
El dilema energético por los megacentros de datos de inteligencia artificial
El eje central del conflicto gira en torno a los inversores «electrodependientes» y la fuerte exigencia impulsada por los bloques provinciales. Los gobernadores impusieron que las industrias que demanden volúmenes masivos de electricidad —especialmente los megacentros de datos dedicados al desarrollo de la inteligencia artificial y minería de datos— deban contar obligatoriamente con sus propios sistemas de generación energética. La meta de los mandatarios regionales es evitar que el colosal consumo saturation las redes locales y termine afectando el suministro de la población civil o encareciendo la infraestructura provincial.
Sin embargo, desde el propio Poder Ejecutivo hicieron saber su tajante rechazo a este condicionamiento. El Gobierno considera que imponer la autogeneración eléctrica obligatoria a los grandes complejos tecnológicos podría restarle atractivo al Súper RIGI, amenazando la llegada de proyectos estratégicos vinculados a la economía digital y a la extracción de minerales críticos, los cuales representan el corazón del esquema de atracción de capitales.
Proveedores locales, reclamo pyme y el paquete de beneficios en juego
El segundo punto de altísima temperatura técnica y política involucra la protección de la industria nacional. Mientras que el texto aprobado en Diputados establecía una cuota mínima del 20% del monto para contratación de proveedores locales, entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA) a través de su representante Diego Leal solicitaron que ese cupo quede circunscrito únicamente a bienes producidos efectivamente dentro del país. La intención es evitar un «fraude de importaciones» e incentivar de manera real la cadena de valor argentina en un contexto de apertura económica.
A pesar de estas modificaciones negociadas para emitir dictamen y debatir el texto en el recinto el próximo 10 de septiembre, el Súper RIGI mantiene intacta su ambiciosa estructura de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por un plazo de largo aliento:
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Ganancias: Reducción de la alícuota general al 15%, sumado a un esquema de amortización acelerada del 60% el primer año y 20% en los dos posteriores.
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Beneficios fiscales: Certificados de crédito fiscal del 10% para abonar IVA y contribuciones patronales, además de la deducción de quebrantos sin límite de tiempo y baja progresiva en la retención de dividendos (del 7% al 3,5% tras cuatro años).
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Comercio exterior: Exención total de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y supresión absoluta de cupos operativos.
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Divisas libres: Liberación paulatina de la disponibilidad de dólares por exportaciones hasta alcanzar el 100% de libre disponibilidad al tercer año de adhesión.
En medio de una convulsionada jornada parlamentaria donde también resonaron análisis sobre créditos hipotecarios y la economía argentina, el oficialismo busca equilibrar la balanza entre la atracción de inversiones multimillonarias y los reclamos de los estados provinciales.