Una nueva e inesperada tormenta política sacudió las comisiones del Senado de la Nación y dejó frenada la firma del despacho para el proyecto del Super RIGI.
La falta de consenso entre el oficialismo y sus habituales bloques aliados no solo demoró la emisión del dictamen, sino que amenaza con dilatar de forma indefinida el tratamiento de la propuesta en el recinto. El principal freno surgió tras una exigencia de último momento impulsada por las bancadas de la UCR y el PRO para otorgar mayor protección legal a la industria de nuestro país.
Un reclamo por las empresas nacionales que encendió todas las alarmas
El núcleo del conflicto estalló a las 11 cuando se conoció la propuesta de los aliados para añadir un artículo clave al texto: priorizar a las firmas locales cada vez que la diferencia de precios entre una oferta argentina y una extranjera no supere el 15%. La novedad impactó directamente en la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), conducida por Patricia Bullrich, quien no dudó en advertir con dureza ante el freno del expediente: «Si el Súper RIGI tiene tanto problema, nos quedamos con el RIGI». Dado que la modificación aún no cuenta con la venia técnica del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional exigió tiempo para evaluar los costos financieros de la medida antes de estampar la firma.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía e Inversión Nacional y de Legislación General —encabezadas por los senadores Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez— había comenzado formalmente con el anuncio de las correcciones previamente consensuadas. No obstante, legisladores clave como los macristas Goerling Lara y María Cristina Huala, junto al radical Maximiliano Abad y Carlos «Camau» Espínola, resolvieron congelar sus firmas. La jefa de LLA ya había aceptado previamente concesiones planteadas por bloques provinciales sobre abastecimiento energético para proyectos electrointensivos de inteligencia artificial y minerales críticos, pero esta nueva cláusula de compre nacional paralizó el despacho.
Proveedores locales, sistema eléctrico y el debate demorado de las Pymes
Durante la exposición de los cambios aceptados hasta el momento, Monteverde detalló que la norma fijará un plan de desarrollo donde los grandes proyectos de inversión (VPU) deberán destinar como mínimo un 20% de su presupuesto a contrataciones locales, siempre que haya oferta competitiva. El incumplimiento de este compromiso será motivo explícito de sanción. Asimismo, el nuevo artículo 18 obligará a los proyectos electrointensivos de gran escala a certificar fehacientemente su capacidad de conexión y esquemas de generación propia o almacenamiento para no comprometer ni saturar la confiabilidad de la red eléctrica nacional.
De forma paralela, el plenario debatió una iniciativa del senador Eduardo «Peteco» Vischi orientada a establecer un régimen de incentivos fiscales para medianas empresas de nuevas industrias. Si bien también se pretendía dictaminar sobre esta norma, la firma se frustró por duros cuestionamientos planteados por el presidente de la comisión de Pymes, Jorge Capitanich, referidos al quórum de la sesión y a los constantes cambios demandados por las bancadas de la oposición. Entre las reformas incorporadas al proyecto de Vischi se destacan la obligatoriedad de presentar un plan de inversión en declaración jurada y la quita del impedimento para superponer estos incentivos con otros regímenes provinciales.