El ex juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, volvió a quedar en el centro de la escena tras implementar una descarada estrategia legal para paralizar el juicio oral en su contra. El ex magistrado —quien actualmente cumple prisión preventiva domiciliaria y renunció a su cargo únicamente para frenar un proceso de destitución— enfrenta cargos gravísimos vinculados a la corrupción judicial, el lavado de dinero y la protección a redes del narcotráfico.
A pesar de que los fiscales federales consideraron completamente agotada la etapa de investigación y exigieron una condena de 10 años de cárcel, la defensa de Bailaque logró trabar temporalmente el avance del proceso, dejando la resolución final en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
Un entramado criminal de extorsión, lavado y favores al narcotráfico
Las tres acusaciones formales que pesan sobre el ex magistrado exponen una compleja red de corrupción enquistada en el fuero federal. En primer lugar, se lo acusa de haber orquestado causas penales falsas con el objetivo de presionar y dañar la reputación de directivos de diversas empresas, exigiendo abultadas sumas de dinero a cambio de manipular resoluciones judiciales y administrativas. Un episodio clave en esta maniobra fue la extorsión a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto, hecho que fue confesado abiertamente bajo la figura de «arrepentido» por el ex jefe de la AFIP de Rosario, Carlos Vaudagna.
Asimismo, la justicia reprocha a Bailaque la aceptación de beneficios económicos indebidos cobrados bajo la pantalla de contratos de alquiler simulados y encauzados mediante una entidad mutual. Por último, se le imputa el delito de blanqueo de capitales de origen ilícito, agravado por su condición de funcionario público, mediante adquisiciones inmobiliarias por montos sustancialmente inferiores al valor real de mercado y transacciones financieras irregulares.
Trampa leguleya y un freno judicial que encendió la alarma en la fiscalía
Para evitar sentarse en el banquillo de los acusados, la defensa del ex juez cuestionó que la causa tramite bajo el nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio, implementado en Rosario desde mayo de 2024 para acelerar los plazos judiciales. Aunque la Cámara Federal de Rosario y Casación ratificaron la validez del esquema acusatorio, la concesión de un recurso extraordinario interpuesto ante la Corte Suprema por el caso de extorsión alteró abruptamente el escenario. Por este motivo, el juez de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, decidió suspender el legajo al argumentar un posible riesgo de nulidad en las actuaciones, manteniendo la causa estancada en el Colegio de Jueces de Garantías.
Esta maniobra provocó una inmediata y firme apelación del Ministerio Público Fiscal, con la participación coordinada de la PROCUNAR, la PROCELAC y la PIA. Los fiscales advirtieron con dureza que la suspensión dictada por Pineda representa una grave injerencia jurisdiccional que paraliza y fragmenta la persecución penal, favoreciendo directamente la impunidad del imputado. Tras la apelación concedida, toda la atención pública y judicial se traslada ahora a la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que tendrá la responsabilidad histórica de definir si destraba el expediente y envía finalmente a Marcelo Bailaque a juicio oral.