Diputados de la oposición citaron al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y pidieron informes por los controles migratorios en Puerto Iguazú. Crece el foco sobre el rol del asesor Santiago Caputo y la intervención de fuerzas de seguridad en el traslado del senador brasileño hacia Estados Unidos.
La salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina desencadenó una tormenta política en el Congreso Nacional y amenaza con abrir un nuevo conflicto diplomático de alta intensidad con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. En la Casa Rosada admiten el impacto político del episodio y anticipan una batería de pedidos de explicaciones sobre el accionar de los organismos nacionales en Misiones.
El caso tomó un giro determinante tras confirmarse el ingreso de Bolsonaro por el paso fronterizo de Puerto Iguazú y la viralización de imágenes que muestran a la comitiva escoltada por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en territorio argentino.
La oposición pide citar a Diego Santilli y apunta a Santiago Caputo
En la Cámara de Diputados, el bloque opositor reaccionó rápidamente para exigir explicaciones oficiales. El diputado Agustín Rossi presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañado por la firma de los legisladores Carlos Castagneto, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Hugo Yasky, Juan Pablo Luque y Jorge Neri Araujo Hernández.
La iniciativa incluye un cuestionario de 14 puntos centrado en los permisos otorgados, la actuación de las fuerzas federales y las notificaciones judiciales recibidas desde Brasil. Uno de los ejes centrales apunta a determinar el rol del asesor presidencial Santiago Caputo, ante versiones sobre su presunta presencia en el aeropuerto de Puerto Iguazú durante las horas previas al despegue del avión privado.
En forma paralela, el diputado Esteban Paulón impulsó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para acceder a los registros migratorios entre el 25 y el 28 de octubre, los partes operativos de la aeronave contratada a la empresa Baires Fly y las comunicaciones mantenidas entre cancillerías.
Luces y sombras sobre el operativo en Misiones
Según datos informados por la Dirección Nacional de Migraciones, Flávio Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira y sus dos hijas ingresaron al país el martes 27 de octubre a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves. Pese a las desmentidas iniciales del Ejecutivo, el organismo confirmó que la familia presentó documentación en regla y no registraba alertas de captura en el sistema nacional, habilitando su abordaje a un Gulfstream G400 con destino inicial a Guayaquil, Ecuador, y trayecto final a Miami.
Sin embargo, el despliegue logístico genera crecientes interrogantes:
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Protección policial: Registros audiovisuales expusieron cómo una camioneta de traslado turístico brasileña que llevaba a la familia fue custodiada por un patrullero de la PSA. Desde el Ministerio de Seguridad admitieron la existencia de las imágenes, aunque señalaron formalmente no contar con un parte interno que justifique la asignación de dicha escolta.
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Alertas judiciales: Flávio Bolsonaro contaba con una prohibición explícita de salida del país dictada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil por una causa de presunto lavado de dinero. En la Argentina investigan si la Cancillería o las fuerzas de frontera recibieron avisos previos por parte de las autoridades judiciales o de la Policía Federal del país vecino.
Respuestas contradictorias en Balcarce 50 y cautela en Itamaraty
Dentro del propio Gobierno nacional coexisten versiones encontradas. Mientras voceros de la Casa Rosada niegan de manera tajante la ejecución de un «operativo de Estado» y sostienen que se trató de un tránsito migratorio ordinario, otras fuentes oficiales reconocen la existencia de una «coordinación estratégica» política y diplomática en conjunto con referentes de Estados Unidos.
Por su parte, la Cancillería de Brasil (Itamaraty) evitó descartar futuras medidas diplomáticas o reclamos formales hacia Buenos Aires. Al ser consultados, se limitaron a señalar que la situación del senador fue dictaminada por la justicia de su país, sin cerrar las puertas a una presentación o eventual enfriamiento de la relación bilateral.