Gabriel Solano acusó al Presidente de encubrimiento agravado y uso del Estado para garantizar impunidad.
La escandalosa salida del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro hacia los Estados Unidos escaló de manera drástica en el plano judicial argentino.
Grave denuncia penal contra el Presidente en la Justicia Federal
El titular del Partido Obrero (PO) y exlegislador porteño, Gabriel Solano, presentó este miércoles una contundente denuncia penal que apunta de forma directa contra el presidente Javier Milei, imputándole los graves delitos de «encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos».
La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N.º 5 bajo el número de expediente CFP 5270/2026. Según fundamentó el dirigente de la izquierda, la administración nacional montó una estructura clandestina para encubrir a un dirigente con restricciones judiciales en su país: «Denuncié penalmente a Javier Milei por organizar un operativo para facilitar la fuga de Flávio Bolsonaro y evitar que rinda cuentas ante la Justicia de Brasil.
El propio Gobierno terminó reconociendo que Bolsonaro y su familia estuvieron en la Argentina y salieron en un vuelo privado de Baires Fly, después de que la Casa Rosada negara su presencia», disparó el referente político.
Exigen preservar pruebas de vuelo y denuncian un escándalo internacional
Para el referente de la izquierda, los hechos revisten una gravedad institucional inusitada que compromete de forma severa el lugar de la Argentina en el plano internacional y viola acuerdos bilaterales.
Solano remarcó que resulta indispensable determinar si se utilizaron fondos y recursos públicos para garantizar la impunidad del referente de la ultraderecha sudamericana, solicitando formalmente que la Justicia ordene la preservación de todos los registros migratorios, comunicaciones oficiales, planes de vuelo aeronáuticos y las órdenes de custodia asignadas durante el trayecto.
El exlegislador cuestionó con dureza el uso ideológico de la estructura estatal: «Milei no puede utilizar el Estado argentino para proteger a sus aliados de la ultraderecha internacional ni desconocer los compromisos de cooperación judicial con Brasil. Esta maniobra compromete al país y sus relaciones internacionales. La Justicia debe investigar hasta el final y determinar las responsabilidades de quienes organizaron y ejecutaron este operativo clandestino», sentenció.