La organización acudirá a organismos globales tras las violentas frases del Presidente sobre «quemar en la hoguera» a periodistas.
En un escenario de máxima tensión institucional y repercusión internacional, Amnistía Internacional anunció que denunciará formalmente al presidente Javier Milei ante organismos internacionales debido a sus sistemáticos ataques contra periodistas y medios de comunicación.
Denuncia internacional y acusaciones de violencia contra la prensa
La entidad defensora de los derechos humanos calificó las expresiones del mandatario argentino como un agravamiento de la hostilidad oficial, advirtiendo que sus discursos configuran una amenaza directa y un ataque flagrante contra la libertad de expresión en el país.
El detonante de la medida fue la reciente intervención del jefe de Estado durante un acto en la Fundación Faro. En dicho evento, Milei agredió e individualizó a los profesionales de la prensa que investigaron y brindaron cobertura informativa al caso de la criptomoneda $LIBRA. A través de un pronunciamiento oficial difundido en la red social X, la organización remarcó que estas agresiones no son aisladas, sino que profundizan un patrón continuo de acoso y amedrentamiento hacia el trabajo periodístico.
La polémica frase sobre la «hoguera» y la presentación ante organismos globales
Durante el encendido discurso que motivó el repudio generalizado, el Presidente aseveró con vehemencia que quienes considera sus adversarios políticos y mediáticos «se tienen que quemar en la hoguera». Para Amnistía Internacional, la utilización de este tipo de retórica pública evoca explícitamente una «violencia extrema», lo que genera una profunda alarma institucional por las consecuencias reales que los mensajes presidenciales pueden desencadenar sobre la integridad de los comunicadores y el libre ejercicio de la libertad de prensa.
La organización no gubernamental consideró que los hechos constituyen una “grave escalada de hostilidad hacia la prensa” que no puede pasarse por alto. Por tal motivo, ratificaron que llevarán el expediente y los antecedentes del mandatario ante las instancias y organismos internacionales correspondientes para exigir el respeto a las garantías democráticas fundamentales en la Argentina.